Portando carteles en los que se leía: “Libertad para nuestros compañeros”, “Alcalde corrupto” y “son inocentes”; familiares y amigos de los detenidos por el caso del desvío de 13 millones de dólares de la cuentas del Municipio de Riobamba realizaron un plantón afuera del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de la ciudad para exigir su liberación.

Alejandro Tamaquisa, dirigente de la comunidad de Pilahuín, en Tungurahua, defendió a dos de sus coterráneos detenidos el 11 de abril,  mientras intentaban retirar dinero de cuentas intervenidas. Tamaquisa argumentó que fueron engañados por los mentores del robo. “Hacen un depósito en la cooperativa 15 de Diciembre, diciéndoles que era para un proyecto de minería. Esa fue la manera  como se  engañó al trabajador. Lo utilizaron y ahora está en la cárcel, por algo que no hizo”, dijo.

Así mismo,  Deysi Beltrán pidió  a los medios de comunicación que informen la verdad.   “Hemos escuchado y visto en algunos medios que tergiversan lo que está sucediendo. Quiero aclarar que aquí están pagando justos por pecadores. ¿Cómo es posible que los verdaderos implicados, es decir, quienes tenían las claves, no estén detenidos y quienes fueron utilizados estén tras las rejas? Eso no es justo; por eso  exigimos que esto se aclare y  se solucione  la situación de nuestros familiares”.

En las indagaciones preliminares,  se involucró presuntamente en el hecho  a ex militares, por lo que representantes de la Unidad de ex combatientes del Alto Cenepa se hicieron presentes en  las afueras del CRS. “Un compañero combatiente, con un alto honor, no puede estar en la cárcel. Existe gente que tiene vínculos directamente con el Municipio y está libre, transitando por las calles como si nada hubiese sucedido. Que se haga justicia, solicitamos que se limpie el nombre de alguien que luchó por la Patria. Pedimos al Presidente de la República que delegue a un especialista para que se realice las investigaciones y se dé con los culpables”, señaló Javier Vargas, directivo de la Unidad.

Esos grupos indicaron  sentirse discriminados por la sociedad. “Esto nos ha cambiado la vida, nos gritan en las calles que somos cómplices y que devolvamos el dinero. Nuestros familiares y amigos están dentro de esas cuatro paredes, pero se debe dar con los autores, los que originaron esta pesadilla para nosotros, lo cual no es justo. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros por algo que hicieron otras personas?, señaló Beltrán.
Y mencionaron que estarán pendientes de lo que suceda. “De no sentirnos conformes con la decisión que tomen las autoridades, nos levantaremos como comunidad y bajaremos a Riobamba a exigir justicia”, puntualizó el dirigente de Pilahuín.

En total, son cinco las personas detenidas por este caso. Los tres aprehendidos en Tungurahua; una mujer privada de la libertad en Santo Domingo de los Colorados y un hombre capturado en Puyo.

Entre tanto, en el Cabildo riobambeño avanza el proceso de destitución del Alcalde Juan Salazar.   A las 17:00 del martes, los concejales Pablo Muñoz, Edith Caranqui, César García, Marco Portalanza y Jorge Recalde presentaron por escrito la denuncia  ante la Secretaría del Concejo, de acuerdo con lo que establece el artículo 336 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad), que señala los pasos a seguir para la remoción de una autoridad elegida por el pueblo.

Esa denuncia debe ser atendida  por la Comisión de Mesa, que está conformada por el propio  Alcalde Juan Salazar; el Vicealcalde Mario Robalino  y Erika Salazar, en representación de los ediles. Los siguientes  10 días hábiles  son considerados como una etapa en la que se presentan las pruebas de ambos lados.  Y  luego  de otros cinco días se presentará un informe sobre el tema, tras los cuales,  el Vicealcalde convocará a una sesión de Concejo para tomar una resolución final.

“El Concejo y la ciudad misma vivirán unas tres semanas de tensión, pero esperamos que sea una jornada cívica, en la que la unidad del pueblo riobambeño quede de manifiesto”, acotó el concejal Pablo Muñoz.