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Concejo de Latacunga analiza ordenanza de construcciones

Los habitantes que residen en los barrios urbanos de Latacunga deben actualizar sus conocimientos para saber si sus viviendas están en zonas seguras o no.
Los habitantes que residen en los barrios urbanos de Latacunga deben actualizar sus conocimientos para saber si sus viviendas están en zonas seguras o no.
Fotos: Silvia Osorio / El Telégrafo
28 de marzo de 2017 - 00:00 - Redacción Centro

Pese a que el volcán Cotopaxi continúa en alerta blanca y con actividad interna y externa bajas, las autoridades siguen con el proceso de prevención en Latacunga.

Los técnicos de la Dirección de Planificación del GAD Municipal presentaron el proyecto de ordenanza de ocupación y uso del suelo.

El objetivo es prevenir inconvenientes graves como la edificación de nuevas estructuras, públicas o privadas, en sitios de riesgo en caso de producirse una erupción del volcán de 5.897 metros de altura.

Según los expertos del Instituto Geofísico,  los flujos laháricos descenderían por los ríos Cutuchi, Alaquez y Pumachunchi arrastrando a su paso toda clase de construcciones, animales y vidas humanas.

Un lahar es un flujo de sedimentos y agua que se moviliza desde las laderas de los volcanes y esta sería la principal amenaza en caso de una probable erupción que volvió a considerarse desde la reactivación del macizo en agosto del 2015.

Actualmente más del  60% del área urbana de la capital cotopaxense está en zona de riesgo. Se estima que unas 10.000 viviendas están asentadas en las cercanías.
Por eso se plantea la creación de una ordenanza para regular esas edificaciones.

Según Carlos González, director de Planificación, para el planteamiento de esta normativa se distinguieron estas zonas mediante un estudio realizado entre el Cabildo,  la Universidad Central del Ecuador (UCE), Instituto Geofísico (IG) y la Dirección de Seguridad Ciudadana.

Pero para su vigencia debe ser aprobada por los ediles en  sesión de Concejo, tras su respectivo debate. Para esto se cuenta con un mes.

En el proyecto se plantean sanciones más rígidas para las personas que levanten estructuras en zonas que no sean permitidas. Se establece la suspensión de la obra, multas e incluso derrocamientos de las mismas. En los dos últimos años, unos 1.500 ciudadanos han incumplido con la norma vigente. La erupción del 26 de junio de 1877 está considerada una de las más fuertes por los expertos del IG. (I)

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