Los asentamientos que sean regularizados a futuro en Quito recibirán incentivos para que sus moradores impulsen la construcción de infraestructura de servicios. Así lo establece el proyecto de ordenanza para la regularización integral de barrios que empezó a ser debatido en el Concejo de Quito la semana pasada.

Dichos incentivos, de acuerdo con el documento, consisten en la dotación preferencial de obras. Y a su vez, las obras serán acordadas entre el cabildo y la comunidad como parte del programa de presupuestos participativos.

Si los servicios son terminados dentro del 50% del plazo establecido en la normativa municipal, la priorización de obras se ejecutará por 3 años. Si la infraestructura se completa entre el 50% y el 75% del plazo, el beneficio regirá por 2 años.

En tanto que si la meta se cumple en el período comprendido entre el 75% y el 100% del plazo, los incentivos se entregarán por un año.

La propuesta fue presentada a la Alcaldía en octubre por Carlos Páez, a nombre del bloque de Alianza PAIS (AP). Su eje principal es que la reglamentación de barrios se convierta en un tema de interés social. (I)