La Presidencia de la República ofreció este jueves al Municipio de Quito su apoyo, a través de la Secretaría Jurídica.

La Alcaldía capitalina recibió ayer un oficio del secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, en el que hace la propuesta.

El objetivo de la coordinación es buscar una estrategia legal que impida que las disputas surgidas al interior del consorcio constructor del Metro afecten, en el futuro, la ejecución del proyecto.

Previamente, el alcalde Mauricio Rodas conversó con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, sobre el posible establecimiento “de una posición de Estado” respecto al tema.

La necesidad de articulación con el Ejecutivo fue incluida como sexto punto de la resolución que aprobó ayer el Concejo capitalino sobre la situación del consorcio Acciona-Odebrecht y el Metro.

El documento, propuesto por la concejala independiente Daniela Chacón, rechaza “el manejo inadecuado de las empresas Acciona y Odebrecht dentro del proceso de reconformación del consorcio”.

El texto se refiere a las diferencias hechas públicas desde abril por ambas compañías respecto a la salida o permanencia de la firma brasileña en la obra.

Los integrantes del Consorcio Línea 1 Metro de Quito anunciaron, en octubre pasado, la intención de la empresa sudamericana de apartarse del proyecto de transporte.

A inicios de abril pasado, sin embargo, Odebrecht comunicó al Municipio y a Acciona su decisión de seguir en la construcción. A partir de ello, europeos y sudamericanos emitieron comunicados sobre la salida definitiva de Odebrecht y el desmentido de esta.

Esta situación no ha detenido los trabajos hasta ahora, pero existe la preocupación de que eventuales acciones legales lleguen a afectarlos.

La resolución aprobada conmina a los consorciados a resolver sus diferencias y dispone al Municipio tomar las medidas necesarias si hubieran retrasos o incumplimientos en los trabajos. (I)