Al grito de “¡fuera los prostíbulos!”, un centenar de moradores del barrio San Roque exigía el miércoles, frente a la Alcaldía de Quito, la salida de las casas de tolerancia ubicadas en la parte alta de la zona, en el sector conocido como La Cantera, durante la administración de Paco Moncayo.

Los vecinos afirman que la obligada presencia policial por el funcionamiento del ex-Penal García Moreno en el área, disuadía a los delincuentes. Pero que tras la salida del centro de rehabilitación social hace 2 años, la inseguridad se ha apoderado de la zona y que la existencia de las casas de citas contribuye a que el fenómeno se acreciente.

El 30 de noviembre pasado y el 26 de octubre, habitantes de los barrios La Loma Grande y La Tola Baja, respectivamente, protestaron en contra de planes del Cabildo de reubicar en esas zonas a las trabajadoras sexuales que laboran en las calles del centro.

Esta situación, generada a raíz del cierre a mediados de octubre por parte del gobierno local de hostales y hoteles del casco colonial en los que las sexoservidoras atendían a sus clientes, es una muestra de las condiciones en las que muchas de estas mujeres ejercen su labor.

Una labor sobre la que la actual Alcaldía se ha enfocado, hasta ahora, solo en la que se realiza en la parte patrimonial de la urbe.

Ni siquiera se tiene una cifra cierta sobre el número de personas que ejercen la actividad en la capital. En una investigación del Instituto de la Ciudad, realizada, en 2013, se menciona que entonces existían alrededor de 25 mil trabajadoras sexuales, 70% de las cuales se encontraban entre los 20 y los 50 años. No obstante, según la Asociación Pro Defensa de la Mujer (Asoprodemu), hay en Quito de 100 a 150 casas de tolerancia, en las cuales laboran 3.400 trabajadoras sexuales.

Surge entonces la pregunta de dónde estarían las 21.600 personas dedicadas a este oficio de las que habla el Instituto de la Ciudad.

La respuesta quizá esté en las calles, en zonas como la av. Amazonas, donde mujeres, hombres y transexuales, a partir de ciertas horas, buscan clientes entre los transeúntes y los conductores de vehículos. Un panorama similar se vive, en horas de la noche, en la zona de la Y.

Ello sin contar con las personas que a través de la Internet y por otros medios ofertan sus servicios y ejercen la actividad en habitaciones de hoteles, algunas veces de lujo, según publicitan en la Web.

Pero la condición semiclandestina y desorganizada en la que se ejerce parte de la prostitución en Quito no es una condición nueva.   

En el texto El Trabajo Sexual y los Derechos Laborales, de Pedro Rivadeneira, se señala que el Gobierno Liberal implementó a inicios del siglo XX un plan (servicio de profilaxis venérea) de regulación en la cual se normó de manera individual a las sexoservidoras, pero no a sus lugares de trabajo.

La norma se expidió desde un punto de vista de salubridad, que pretendía cuidar la salud de los consumidores, pero no se preocupaba de las mujeres.

“[...] La mujer trabajadora sexual pasa a ser invisibilizada, por el hecho de que era considerada como sujeto transmisor de enfermedades, razón por la cual es objeto de regulación, porque su bienestar no es el fin propio de la regulación, sino el bienestar del usuario de sus servicios, del cliente, hombres con poder adquisitivo, que podían acceder a sus servicios”, señala Rivadeneira.

En la Plaza 24 de Mayo ejercen el oficio más de 50 mujeres, muchas de las cuales forman parte del grupo poblacional de adultos mayores. Foto: John Guevara / El Telégrafo

Desde este concepto de inequidad y desigualdad partió un sistema de control y gentrificación (desplazamiento) de ciertas zonas donde se concentraba el trabajo sexual.
A ello contribuyó que en la ciudad, la autoridad e institucionalidad hayan planteado generalmente un sistema de uso del espacio público en el que no se visibilizaba a este grupo poblacional.  

Como se mencionó, en el período de Paco Moncayo se realizó una reubicación masiva de trabajadoras sexuales; alrededor de 300 mujeres fueron trasladadas al sector de La Cantera (San Roque). Otro tanto ocurrió con otras zonas de la ciudad como La Cristianía y el sector conocido como Eternit, convertidos también en zonas de tolerancia.

Se pensó que la medida era una solución, pero cientos de mujeres regresaron a las calles, sobre todo al Centro Histórico, alegando que la reubicación no estaba acompañada de un plan integral que las ayudara.

En el libro Trabajo Sexual en el Centro histórico de Quito, del Instituto de la Ciudad se menciona que el 51% de trabajadoras sexuales provienen de provincias de la Costa. Además, que el 25% se involucró en el oficio alrededor de los 11 años y que la mayoría (93%) trabaja hasta 10 horas diarias.

Lourdes Torres, representante de Asoprodemu y presidenta de la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Quito, comentó que los diálogos pasan de autoridad en autoridad y que lo que se hace es crear “soluciones parche” ante el problema.

Torres añadió que se han dado procesos de cambio, pero que muchos de los logros se han debido a la lucha que ellas han realizado.

La dirigente dijo que las autoridades deben salir de su escritorio y ponerse la camiseta de sus compañeras. “Nadie quiere topar este tema; lo tratan con pinzas. Nos dicen que sí, que nos van a reubicar, que llegaremos a un consenso, pero a la ‘hora del té’, nadie quiere involucrarse con el trabajo sexual por temor a perder una campaña electoral. No es bien visto, hemos pasado de alcaldía en alcaldía y nada. Yo llevo 30 años en este oficio y las mujeres siguen en la calle. Debemos buscar una solución definitiva y no parches”, aseguró Torres.

En relación con los recientes hechos, Teresa, quien trabaja en la esquina de las calles Bolívar y Guayaquil, comentó: “Es claro, nadie quiere tenernos como vecinas, pero no saldremos de las calles del Centro Histórico”.

La mujer de 24 años, quien es parte de la Asociación Santo Domingo y trabaja durante la mañana, menciona que “hace, al día, de 2 a 5 ‘puntos’ (clientes atendidos). Las tardes prefiere pasarlas con sus 3 hijos. Dijo también que ella y sus compañeras corren más peligro desde que cerraron los hoteles del centro.

Por su parte, Nely Hernández, presidenta de la Asociación Santo Domingo, indicó que existe una persecución hacia las trabajadoras del centro. Se preguntó por qué las autoridades no realizan los mismos controles en hoteles cuya categoría es de 3 a 5 estrellas. Una de las primeras acciones de la actual Alcaldía tuvo que ver con el tratamiento del trabajo sexual.

El 27 de mayo de 2014, la secretaria metropolitana de Inclusión Social, Margarita Carranco, y su par de Seguridad, Juan Zapata, se reunieron con representantes de 7 agrupaciones de trabajadoras sexuales que operan en Quito.

La idea que se anunció era generar espacios dignos donde se garantice la seguridad y la salud de las trabajadoras sexuales, además de encontrar nuevas opciones de vida.

Sobre esto último, el Primer Centro de Atención María Droste abrió sus puertas el 20 de agosto de ese mismo año. El espacio, administrado por religiosas de la orden del Buen Pastor, está dedicado a atender a mujeres vulnerables, en especial a las trabajadoras sexuales.

La idea es lograr que las mujeres obtengan alternativas laborales; entre ellas, emprendimientos de limpieza de casas y oficinas; establecimiento de salones de té-cafés y elaboración de chocolates artesanales.

Hasta diciembre de 2014, 11 sexoservidoras se integraron a estos programas, sin que haya una directriz clara sobre qué acción tomará el Cabildo con las demás.
EL TELÉGRAFO intentó hablar esta semana con Carranco, pero sus asistentes y asesores informaron que se encontraba con licencia. (I)