El 55% del agua se desperdicia desde que se potabiliza y hasta que llega al consumo humano. Es decir, solo el 45% del líquido logra ser facturado.

Así lo dio a conocer Edwin Gordón, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), durante la presentación de la Estrategia Nacional de Agua Potable y Saneamiento (ENAS) y la normativa para los prestadores de dicho servicio.

Según Gordón, el nivel de pérdida del recurso hídrico representaría unos $ 100 millones al año para el país.

En el caso de la capital, el director de ARCA explicó que las pérdidas son relativamente bajas con un 30%; dato menor al 55% que se registra en las municipalidades a escala nacional. “Hay problemas a nivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonales de la costa”. Esas cifras fueron tabuladas luego de realizar una muestra representativa en el año 2015.

Entre los problemas para que haya pérdida del líquido, el funcionario destaca la mala gestión de las juntas administradoras de agua y cabildos en el sector rural y urbano, respectivamente. Además de las falencias en el estado de las tuberías y en las conexiones no terminadas.

Alexis Sánchez Miño, titular de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), dijo que para evitar aquello se lanzó la ENAS, cuyo objetivo es lograr el acceso universal al agua y saneamiento hasta el 2024.

La estrategia requiere una inversión de $ 7.300 millones.

Sánchez aclaró que al momento existe cobertura a través de redes públicas del 89,5% a 90% en el país. Añadió que la cifra podría ser engañosa, en virtud de que en ciertas zonas del sector rural, la cobertura es en ocasiones del 60%.

El director de la ARCA dijo que se ha diagnosticado que la prestación de servicios tiene falencias (parte comercial, técnica y calidad de agua).

Con la normativa, la ARCA espera entregar las herramientas necesarias a los GAD cantonales para que ejecuten una autoevaluación; este proceso concluiría en agosto. Luego se iniciará la regularización y, posteriormente, se pondrá en marcha un plan de mejoras.

Este último proceso debe ser presentado y guiado por la Senagua, la que como ente rector debe aprobar los planes que elaboren las instancias locales. Gordón y Sánchez Miño puntualizaron que si los GAD no cumplen la normativa estaría sujeta a sanciones que determina la Ley de Recursos Hídricos.

Contaminación del río Daule

Los funcionarios se refirieron al caso de los 45 galones escapados de un caldero de la Balsera Sudamericana (Balsasud S.A.) y que se esparcieron por el río Daule.

Gordón señaló que ha iniciado el proceso administrativo-sancionatorio contra la empresa. Y que si la ley determina que la infracción es por contaminación, la empresa sería sancionada con una multa de entre 50 a 150 salarios mínimos vitales.

Sánchez Miño indicó, por su parte, que se han levantado 2 investigaciones sobre este caso. “Una de oficio, a través de Fiscalía General del Estado impulsada por la Gobernación del Guayas. Y otra desde el Ministerio del Ambiente y Senagua”. (I)