Dos acuerdos alcanzaron los dirigentes de la Federación de  Taxistas de Pichincha tras una reunión con los delegados del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) que mantuvieron la mañana de este jueves 4 de octubre, en la Plataforma Gubernamental (norte de Quito). 

Fernando Cadena, secretario general de este gremio, explicó que la reunión se realizó para analizar la falta de control de las autoridades.  Dijo que las aplicaciones móviles Uber y Cabify están quitando el trabajo de los conductores que cumplen con las normas de operación, al contrario de esos servicios informales.

"Cumplimos con todas las normas como son las licencias de conducir, los chequeos periódicos anuales y las exigencias del SRI. Aún así, esas plataformas dan el servicio de forma ilegal", sostuvo.

Los delegados exigen al SRI que se anule el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de Cabify para que no puedan facturar porque tiene el RUC para servicios informáticos que no tiene nada que ver con la razón social.

Con ese panorama, el primer acuerdo al que llegaron consiste en que el SRI analizará la actividad legal que cumplen las plataformas internacionales para determinar si están en la capacidad de ofrecer ese servicio, informó Carlos Brunis, presidente de la Federación de Taxistas de Pichincha. 

A decir de Brunis, el SRI planteará una reforma al reglamento mediante el cual se controle a estas plataformas digitales.

"Hay el compromiso del SRI de continuar con controles a la actividad ilegal, en este caso de plataformas internacionales que no cumplen con los requerimientos necesarios para brindar el servicio", expresó. 

En esa línea, Brunis añadió que también la ANT dará un seguimiento para que se verifiquen los vehículos que están registrados en estas plataformas, puesto que no se conoce cuántos autos operan con esta modalidad. 

Los conductores dicen que existe competencia desleal puesto que estas empresas bajan las tarifas y no ofrecen servicio en vehículos homologados. En la actualidad, existen 16 mil taxistas, de los cuales 9 mil pertenecen a la Federación de Pichincha.

Cadena dijo que -lamentablemente- Uber no tiene RUC ni oficinas, por lo que se esperan otras medidas.

El segundo acuerdo fue que en un plazo de 15 días se establecerán mesas de diálogo con las entidades del sector: Ministerio de Transporte, ANT, Superintendencia de Bancos, la Agencia de Regulacion de las Telecomunicaciones (Arcotel) y se espera la presencia del Municipio de Quito, como ente que regula y controla el tránsito de los taxistas.

Luego de ello se realizará una asamblea general para informar sobre los avances de estos diálogos.
"El objetivo es que estas aplicaciones salgan definitivamente, pero que el Gobierno nos ayude también a mejorar nuestro servicio porque el Municipio nos evalúa de forma permanente", expresó. 

De acuerdo con reporte de los agremiados, la presencia de esas aplicaciones perjudicaría al menos en un 50% en las ganancias de los choferes.

Ese criterio fue compartido por Patricio Salazar, vicepresidente de la Unión de Taxis de Pichincha.

El dirigente recordó que en este momento se está pasando por una regulación de unidades. De los 16 mil taxistas, la cifra subiría a 24 mil nuevas unidades. De ahí que rechazan la presencia de carros particulares que laboran de forma ilegal.

"La autoridad competente nos hace control de servicios, mientras que los otros carros no cumplen con las normas", expresó.

Señaló que el gremio está trabajando por mejorar el servicio. Dijo que ahora se está trabajando para contar con una propia aplicación para seguridad del cliente.

Añadió que los conductores han adquirido nuevas unidades para pasar los controles, mientras que no se inspeccionan a las unidades irregulares.

Este problema, dijo, no solo afecta a los choferes sino a los empleados de las cooperativas legalmente constituidas, por lo que se hablaría de al menos 20 mil familias. (I)