El Municipio otorgó 113 permisos urbanísticas de tipo publicitario en los últimos tres años

Solo el 11% de la publicidad externa tiene licencia en Quito

- 21 de mayo de 2016 - 00:00
Las vías principales de Quito son las preferidas para colocar las publicidades de los anunciantes.
Foto: Mario Egas / El Telégrafo

El Concejo Metropolitano aprobó el jueves una reforma a la ordenanza que regula los avisos. Impuso un plazo de hasta 90 días para legalizar los anuncios.

El 89% de la publicidad exterior no cuenta con licencia, según un censo municipal en Quito. El jueves, el Concejo Metropolitano aprobó en segundo debate la reforma a la ordenanza 308 del Régimen Sustitutivo de la Licencia Metropolitana Urbanística de Publicidad Exterior.

La actual norma busca mejorar la regulación de la publicidad que se coloca en las calles e infraestructuras de la capital.

El Cabildo dará un plazo de 60 a 90 días a las empresas para que regularicen la situación de sus avisos a partir de que la norma sea sancionada por el alcalde Mauricio Rodas.

Las compañías que no ejecuten el procedimiento serán notificadas previamente al retiro de la publicidad. El costo del desmonte será cobrado a la firma responsable de la colocación del aviso.

Las regulaciones indican que la distancia entre una publicidad de gran formato y otra no debe ser menor a 200 metros, pero no siempre se cumple. La reforma establece que quien tenga la publicidad de un mismo producto a menos de esa distancia, solo obtendrá  permiso para una.

De igual manera, si trata de dos o más empresas que compartan el espacio deberán demostrar cuál colocó primero la publicidad para obtener el permiso correspondiente.

Si las empresas desconocen quién colocó primero la publicidad, podrán utilizar la figura jurídica conocida como subasta al alza; esto es que quien pague más por el espacio obtendrá la licencia.  

En cuanto a las sanciones, el Municipio cobrará por los metros cuadrados que rebasen el espacio permitido. Esto en lugar de la multa global que se cobraba anteriormente.  

Con respecto a la publicidad en el transporte público,  el censo municipal determinó que de apenas 300  de las 1.500 unidades que cuentan con avisos tienen licencias urbanísticas para el efecto.

Con la finalidad de mejorar el control en este ámbito, la ordenanza propone que los publicistas ya no soliciten una licencia por cada publicidad, sino que prorrateen un valor anual por la colocación publicitaria en los automotores. No obstante, la normativa aprobada recibió algunas observaciones.

Para los concejales de Alianza PAIS (AP), la reforma privilegia a las empresas publicitarias. Así lo señaló Carlos Páez en el debate y a través de redes sociales.  

El concejal alterno Luis Robles señaló que la ordenanza no privilegia la disminución de la contaminación visual en la ciudad, y deja de lado el derecho al paisaje que tienen los ciudadanos.

Por su parte, el concejal independiente Sergio Garnica señaló que la propuesta establece que ningún tipo de publicidad podrá violar derechos constitucionales, no podrá ser engañosa, subliminal, sexista, racista, etc.

Indicó, además, que la norma prohíbe la publicidad exterior fija y móvil a través de dispositivos sonoros. De igual forma, el sistema conocido como volanteo ya no podrá realizarse en el espacio público (calles y veredas), sino al interior del local.

“Con la reforma no solo regulará los contenidos publicitarios, sino también la contaminación visual, pues con los plazos que se establecieron para retirar la publicidad ilegal el Municipio desmontará dichos elementos”, aseguró Garnica, presidente de la Comisión de Uso del Suelo del Concejo.

El Municipio recaudó $ 14.000 por licencias de publicidad en 2016. “Entre 2014 y 2016, el Cabildo emitió 113 licencias. Bajamos el costo de las tasas para que todos se regularicen y así aumentará la recaudación”, manifestó el edil.

Esto en respuesta a las críticas de Páez por el bajo costo de las licencias. (I)

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