La bancada demanda una fiscalización para que se paguen planillas justas al Consorcio Acciona-Odebrecht

La tuneladora del Metro sería propiedad de uno de los miembros del grupo constructor

- 21 de enero de 2016 - 00:00
El coordinador del bloque de concejales de PAIS, Jorge Albán (centro-derecha), explicó los componentes de la elevación de los costos de la Fase II del Metro.
Foto: Miguel Jiménez/El Telégrafo

El bloque de concejales de Alianza PAIS exigió ayer al Alcalde de Quito que negocie los rubros de los elementos de la construcción. Esto no se habría hecho con los costos indirectos de la obra.

“La negociación para reducir los costos de la construcción de la Fase II del Metro debió producirse antes de la adjudicación del proyecto. Incluso pudo hacerse antes de la firma del contrato”, aseguró ayer Jorge Albán, coordinador del bloque de concejales de Alianza PAIS (AP) en el Municipio de Quito.

Lo dijo durante una rueda de prensa en la que señaló la necesidad de que el alcalde Mauricio Rodas negocie los costos constructivos del proyecto.

Los integrantes del bloque confirmaron que en lo relacionado con los elementos constructivos, la mayor carga en el alza entre el presupuesto referencial de los trabajos y la oferta del consorcio constructor tiene que ver con el uso de la tuneladora con que se construirá el orificio subterráneo de 22 kilómetros.

La contratación de esa maquinaria requerirá, según la oferta de los constructores, $ 161,86 millones extras a los $ 143,20 millones presupuestados en los estudios precontractuales de Metro Madrid.  Esto significa un alza de 113%, hasta alcanzar los $ 305 millones.

Albán apuntó que dichos costos no se compadecen porque la maquinaria “es propiedad de uno de los integrantes del consorcio constructor, por lo que este tiene control directo sobre el equipo”.

Dijo, además, que la circunstancia económica actual del planeta no genera una gran demanda sobre este tipo de equipos, lo que vuelve improbable la existencia de una gran presión al alza sobre las tarifas de las tuneladoras.

El bloque de AP aseguró que existen herramientas para la negociación, como aprovechar la actual revalorización del dólar. Esta situación hace que mientras las exportaciones ecuatorianas se encarecen, las importaciones cuestan menos.

Los concejales añadieron que deberían aprovecharse circunstancias como los bajos precios que tiene actualmente el hierro (80% menos).

Además, en el año 2012, la administración de la empresa municipal Metro de Quito generó un proyecto de optimización que, de aplicarse, permitiría reducir alrededor de  $ 120 millones los costos constructivos, recordaron los ediles de Alianza PAIS.

Por otro lado, recordaron que la mayor parte de la diferencia entre el presupuesto referencial para la Fase II ($ 1.054 millones) y el precio planteado por el consorcio Acciona-Odebrecht ($ 1.539 millones) radica en lo que se conoce como precios indirectos.

Estos se refieren, básicamente, a la ganancia a la que aspira la empresa, el costo de los seguros para cubrir los riesgos del proyecto y los gastos administrativos del mismo (sueldos, viáticos, viajes, etc.).

Este rubro equivale al 51% de los $ 485,2 millones que se incrementó el costo de la Fase II, según la oferta de Acciona-Odebrecht.

Albán dijo en que pudieron lograrse reducciones importantes en esta área porque en otras fases del proceso ya se lograron rebajas de costos. Mencionó que, por ejemplo, en la construcción de la Fase I (estaciones multimodales El Labrador y La Magdalena), se logró una baja de aproximadamente $ 10 millones.

El exvicealcalde capitalino añadió que en esa parte constructiva, a cargo de la firma española Acciona, hubo un incremento de alrededor del 2% sobre el costo previsto, lo que -a su juicio- es razonable en una obra de 2 años.

De la misma manera, en la adquisición de los 18 trenes que operarán inicialmente en la Línea 1 del Metro, vehículos auxiliares y herramientas (material rodante), el Cabildo logró una rebaja de otros $ 10 millones.

En julio de 2014, el consorcio español CAF Metro de Quito recibió la adjudicación de ese contrato por un monto de $ 183 millones, cuando la previsión inicial fijaba en $ 193 millones los recursos requeridos. (I)  

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