Los integrantes de 4 de las 8 familias damnificadas por el incendio de la tarde del domingo en una vivienda de la calle Briceño y Los Ríos, en La Tola (centrooriente), se mostraban inquietas ayer.

Las 9 personas (incluidos 4 menores de edad) aguardaban información concreta sobre su permanencia o no en el albergue en el que fueron colocados tras el siniestro.

Este miércoles se cumplieron 3 días desde su alojamiento en el lugar, y alguien les había dicho que ese sería el plazo máximo que en un caso como el de ellos podían permanecer en el sitio.

Luis Carrillo, quien afirmó que sobrevive realizando trabajos ocasionales, dijo que esperaban que las autoridades no los abandonaran.

Frente a ello, Alejandra Ortega, técnica de seguridad de la Administración Zonal Manuela Espejo (Centro), aclaró que las 72 horas son el período mínimo de alojamiento de personas en un refugio municipal.

La funcionaria añadió que el plazo culmina legalmente al cabo de una semana (el próximo domingo), aunque eso dependerá de las circunstancias en que se hallen.

Mientras tanto, el personal del Cabildo trata de que los albergados completen los documentos requeridos para que puedan recibir la ayuda del fondo de emergencia de la Municipalidad.

La técnica en seguridad del gobierno local aclaró que en este caso se enfrentan a 2 situaciones: la primera tiene que ver con la dueña del inmueble quemado, Luz Jiménez, y sus pequeños hijos (6 y 4 años, respectivamente), cuyo departamento también fue consumido por las llamas y se encuentran entre quienes están en el refugio.

Para ellos, la reparación de los daños ocurridos por el incendio estructural iniciado en la bodega de la vivienda correrá por su cuenta.

Una fuente de la Administración Zonal aseguró que la dueña habría anunciado que pondrá en venta el inmueble. También existe la posibilidad de que el Municipio obtenga la propiedad del bien, en caso de requerirlo como sede para alguno de los servicios que presta.

Mientras que para los inquilinos, el panorama es otro. Ellos deberán buscar, por su cuenta, un lugar en donde vivir pues, según Ortega, no entran en el caso de relocalización familiar.

A lo que sí tienen derecho es a reposición de los enseres que perdieron y ese rubro que llega hasta 2 mil dólares. No recibirán el dinero, sino los bienes.

Jaime Alvarado, originario de Tena (Napo), reside en la ciudad desde hace 10 años y aseguró que los damnificados perdieron prácticamente todo. En su caso, el daño incluye una computadora y el equipo que utilizaba para trabajar como disc jockey los fines de semana. El resto del tiempo lo ocupaba en trabajos ocasionales. Eso le permitía subsanar sus necesidades y las de su hermana Joanna y los 2 hijos de esta (4 y 6 años, respectivamente).

Para Raúl Largo, originario del cantón esmeraldeño Borbón, la situación es más deseperada. En primer término perdió sus bienes, para adquirir algunos de los cuales contrajo una deuda de $ 600 de la que había cancelado 2 letras.

Además, tiene a su esposa en casa de una cuñada, pues la mujer se fracturó los pies tras lanzarse por una ventana el día del incendio.