Ecuador es uno de los países más inequitativos del mundo.

Sin embargo, los privilegiados de siempre, ciertos empresarios y banqueros, continúan beneficiándose del Estado, sin que haya cláusula una legal que les exija crear empleo.

En 1983 y 1984 la “sucretización” de la deuda externa privada recibió un subsidio estatal de $ 4.462 millones. En 1999 fue de $ 8.600 millones por el feriado bancario.

En tanto, hoy se busca suprimir el subsidio a los combustibles cuyos efectos nocivos recaerán sobre los más pobres.

En 2015, a empresarios y banqueros se les “regala” $ 4.700 millones (remisión llaman) por negarse a pagar tributos.

En 2018 obtienen un nuevo perdón tributario de otros $ 4.000 millones, aprobado en la ley productiva. Esta ley –que pareciera de autoría del FMI y cuya aprobación por la Asamblea fue saludada con fervor por el embajador de EE.UU. en Ecuador– perdona, sin base legal, deudas empresariales con el IESS y gobiernos seccionales.

Mientras a los trabajadores se pretende imponer una flexibilización laboral para precarizar el trabajo, con salarios bajos, sin beneficios, seguridad social ni estabilidad.

Para banqueros y empresarios –después de una década de haber gozado de grandes negocios con el gobierno anterior– no ha terminado la fiesta. Se les concede, en la ley, una serie de privilegios tributarios por inversiones en Quito y Guayaquil, y más si son en otras ciudades.

Pero no se les obliga a pagar sus impuestos, crear empleo o traer sus capitales de los paraísos fiscales para invertir en el país, como tampoco reducir los intereses de créditos para el agro.

Qué más garantías quieren si tienen ministros que manejan las decisiones económicas del país.

El panorama no es alentador: se pretende privatizar los negocios estratégicos del Estado, con argumentos falsos de estar quebrados.

El pueblo y los trabajadores no permitiremos una nueva burla. Por ello, convocamos a la unidad del pueblo para continuar con el combate a la corrupción, defender la Patria y reclamar nuestros derechos. (O)