El inédito desarrollo y aprobación de la vacuna contra el covid-19 en tiempo record, ha provocado que muchos gobiernos se enfoquen en cuándo y cómo iniciar sus procesos de vacunación. No es un tema menor ya que tiene relación no sólo con las condiciones económicas de los Estados al afrontar la compra y almacenamiento de la vacuna; la coyuntura demanda también reflexiones sobre su posibilidad de asumir la vacunación como política pública de amplio alcance. Si a esto se suma el hecho de que la capacidad de inmunización de un país incide en sus proyecciones de reactivación económica, la competencia -estructuralmente inequitativa- por un bien que será limitado, se vuelve feroz, pero también perversa. La salida de esta pandemia estará nuevamente determinada por las desigualdades socioeconómicas que la han caracterizado hasta ahora.

Mientras, por un lado, están quienes organizan ya la distribución de la vacuna, como Rusia que ha iniciado la primera aplicación masiva de su fármaco Sputnik V, el Reino Unido que autorizó también una campaña inicial con Pfizer y BioNTech o varios gobiernos europeos que arrancaron negociaciones de compra antes de que existiera la vacuna y hoy afinan detalles para implementar un acceso universal progresivo; por otro lado, las frágiles economías latinoamericanas todavía buscan los recursos para alcanzar porcentajes de vacunación que serán insuficientes.

La mayoría le han apostado al acuerdo internacional COVAX que pretende asegurar un acceso equitativo, aunque solo garantizará máximo un 20% de las dosis necesarias. La llegada de la vacuna a América Latina no solo tomará tiempo, sino que además será una prerrogativa de los que tengan mejores condiciones de negociación. Lo propio a nivel local, donde el alcance dependerá de la voluntad y capacidad de los gobiernos.

La carrera por la inmunización encuentra a América Latina en un delicado momento económico marcado por la peor recesión del último siglo y un retroceso de 30 años en sus indicadores de pobreza. En tales condiciones, a nivel global es necesaria una responsabilidad público-privada que asuma que la pandemia requiere de una cobertura amplia de inmunización.

Paralelamente, Latinoamérica necesita respuestas coordinadas entre distintos sectores para apoyar el trabajo inmediato de los Estados. Las agendas deberán enfocarse en la sostenibilidad de políticas de acceso a derechos y mecanismos que impulsen el crecimiento de las economías, considerando una mejor calidad del trabajo y garantizando una real inclusión. Este es un llamado de atención urgente para una reforma institucional pública que permita afrontar futuros riesgos con características similares exacerbadas. (O)