La relación entre el Estado y la sociedad depende, en gran medida, de la calidad de la democracia, en lo concerniente al respeto de los derechos y las libertades de opinión, expresión y prensa que les asiste a los ciudadanos, aunque estos no sean los únicos y exclusivos elementos que deben considerarse para el análisis.

La aprobación de una reforma integral a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) por parte de la Asamblea, en el sentido de que los cambios introducidos estén alineados a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, civiles y políticos, mejoraría la calidad de la democracia porque cualquier gobierno de turno estaría inscrito en una lógica de respetar y promover las libertades de expresión, opinión y prensa.

Los periodistas y comunicadores podrían ejercer su profesión sin limitaciones, pero también con altos estándares éticos y de investigación. La ciudadanía dimensionaría la vital importancia de la relación entre el Estado, la sociedad y la comunicación en materia de derechos, libertades y garantías constitucionales. Es importante delimitar el papel, la naturaleza y el objetivo central de los medios públicos, privados y comunitarios.

El país ha testimoniado un nuevo contexto, en donde el Gobierno, exigido por la sociedad, ha recompuesto las relaciones con la prensa, en su rol de investigación y el rechazo a las prácticas que judicializaron a los adversarios de la revolución ciudadana.

El Gobierno ha dado señales de voluntad política para reformar la ley en temas que son un clamor como la eliminación de la Supercom o la figura del linchamiento mediático. (O)