La flexibilización laboral es uno de los principales puntos a debatir dentro del Acuerdo. Un informe del BID señala que “en una relación asalariada, los costos obligatorios adicionales que el empleador (…) debe asumir para cumplir con todas las obligaciones (en América Latina y el Caribe) es del 41% del salario promedio base”.

En Ecuador este nivel solo alcanza el 37%. Se demuestra que el pago del empleador no está por encima de la media.

En conclusión, la flexibilización no implica necesariamente más empleo y tampoco empleo digno. Como alternativa es preciso plantear situaciones prácticas como el aumento de la demanda interna, lo que provoca que se necesite más mano de obra.

Las organizaciones de trabajadores deben generar propuestas que favorezcan la estabilidad laboral. En marzo de 2019, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, 4 de cada 10 empleados tienen estabilidad. Con flexibilización es probable que esta cifra disminuya.

Se estima que en 2019 el desempleo aumente al 4,3%.

Es probable que el nivel de desempleo tienda a aumentar el nivel de oferta de mano de obra. Es indispensable una reforma laboral, pero que no solo beneficie al sector empleador. Es pertinente discutir sobre formas de reactivar la demanda interna y eso no implica flexibilizar el trabajo ni deprimir salarios. (O)

Jonathan Báez, catedrático Universidad Central del Ecuador