El 19 de enero, ante el Senado estadounidense, tuvo lugar la audiencia de confirmación de Antony Blinken, nominado por la entrante administración Biden para dirigir la política exterior de la principal potencia mundial durante los próximos cuatro años.

De ser confirmado para el puesto, Blinken reemplazaría al polémico Mike Pompeo en la conducción del Departamento de Estado. Los informes noticiosos hablan de un servicio exterior norteamericano con la moral baja, tras un giro ideologizado e hiper-partidista que cuestionó algunos de los propios fundamentos de la postura internacional de Estados Unidos establecidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial.

El giro en la política exterior estadounidense bajo Trump puede resumirse en el abandono de la tradicional pretensión norteamericana de encabezar el orden internacional liberal. Este orden se caracteriza por la primacía del derecho internacional, la fortaleza de las instituciones multilaterales, la defensa de los derechos humanos como un valor universal y la promoción de la libertad de comercio a nivel mundial.

Blinken incluyó entre los principales desafíos mundiales a un creciente nacionalismo, el debilitamiento de la democracia, una rivalidad más aguda con Rusia y China, el cambio climático, la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de la revolución tecnológica.

El aspirante a dirigir el Departamento de Estado bajo la administración Biden afirmó que su prioridad será revitalizar las alianzas tradicionales de Estados Unidos. Reivindicó el carácter indispensable del liderazgo estadounidense para la estabilidad del orden internacional y la importancia del multilateralismo para enfrentar las actuales problemáticas globales.

En lo tocante a América Latina, Blinken se enfocó en Venezuela. Manifestó que estaba de acuerdo con la política de Trump de reconocer a Juan Guaidó como el líder legítimo de ese país, incrementar la presión en contra del régimen venezolano -se refirió a Maduro como “un brutal dictador”- y cooperar con aliados y socios. Señaló, no obstante, que esa política no ha sido efectiva en reestablecer la democracia en Venezuela.

Sugirió mejorar la coordinación con otros gobiernos que comparten la postura estadounidense sobre el país sudamericano, focalizar las sanciones en contra de funcionarios del régimen, proveer asistencia humanitaria a los venezolanos e incrementar el apoyo para los países que han recibido el influjo de refugiados de ese país.