La corrupción es un problema transversal que azota a Latinoamérica. Paradójicamente, Guatemala, un país que había inspirado a la región con la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), hoy se encuentra en el ojo del huracán a días de las elecciones generales del 16 de junio de 2019.

La Cicig se creó en 2006 por acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala con el objetivo de ayudar a fortalecer las instituciones democráticas y luchar contra las redes de corrupción y delincuencia.

Desde entonces, la Cicig ha procesado numerosos casos de corrupción, entre los que se encuentran altas autoridades. Sin embargo, la continuidad de sus labores se encuentra en peligro. Y es que la Comisión se ha vuelto un visitante incómodo para el presidente Jimmy Morales, acusado de financiamiento electoral ilegal.

Así, las elecciones guatemaltecas se desarrollarán en un contexto de tensiones entre la justicia y el sistema de corrupción. Incertidumbre, acusaciones y persecuciones están a la orden del día luego de que el primer mandatario intentara expulsar a la Cicig.

 A días de iniciar las elecciones, el proceso está marcado por la fragmentación política, donde se mantienen los políticos tradicionales, muchos de los cuales están vinculados a actores investigados por corrupción. Y las figuras referentes de la lucha contra la corrupción han quedado excluidas de la carrera presidencial.

En un ejercicio de prospectiva se podría prever un escenario latente en donde obtiene el triunfo las fuerzas vinculadas con las redes criminales y de corrupción.

En este se daría por terminado las funciones de la Cicig, se logra cooptar al poder judicial para invisibilizar las investigaciones que le sean contrarias. Este sería el peor escenario para la estabilidad de la democracia, conduciendo a un retroceso en las reformas de justicia, lo que pondría en tela de juicio la gobernabilidad del país y la misma naturaleza del Estado guatemalteco. (O)