En 2017 el Ecuador ha constatado la magnitud del problema de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y, en particular del abuso sexual.

Ha sido un año en el que han salido a la luz pública cientos de casos. La sociedad se ha conmocionado, ha manifestado públicamente su rechazo a tal aberración. Las víctimas han perdido la vergüenza y han denunciado a sus abusadores. Niños y niñas empezaron a llamar a las cosas por su nombre para protegerse de los abusos y saber cómo actuar. 

Esta reacción es positiva, porque el primer paso para prevenir la violencia contra los niños es visibilizarla, no ocultarla, no tolerarla. Y hacerle frente.

Y en este sentido, ha sido muy valioso que el Ministerio de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, hayan reconocido el problema, evidenciado las cifras e iniciado planes de acción para prevenir y responder de una manera más adecuada.

Estos pasos fueron importantes, pero sin duda se requiere de mucho más para proteger a los niños del abuso sexual y otras formas de violencia.

Desde Unicef vemos necesario que el  Estado ecuatoriano fortalezca un sistema de protección especializado para los niños, con inversión, capacidad de articulación y una rectoría clara.

Es urgente también tipificar el incesto como delito y establecer la no prescripción de los crímenes de abuso y violencia sexual. Y se debe aplicar el interés superior del niño en el sistema de justicia para que estos casos sean priorizados y los testimonios de los niños tomados como prueba en el proceso judicial.

Un niño que sufrió abuso sexual, ya fue víctima de una de las peores formas de violencia. Hay que evitar que vuelva a ser revictimizado y no sería justo que su caso fuese resuelto por vías administrativas. Los casos de abuso sexual y violencia contra los niños son violaciones a sus derechos humanos y deben ser sancionados  como delitos graves.

2018 es un año para lograr una mayor justicia para los niños. Esperamos que más personas se sigan uniendo a esta causa. (O)