El Ecuador es un país soberano y la soberanía radica en el pueblo. Millones ejercieron el derecho a tomar decisiones sobre el futuro de nuestro país. La voluntad popular se expresó de forma contundente respondiendo Sí a las siete preguntas, poniendo así fin a una década de autoritarismo y corrupción.

En términos deportivos fue una goleada de 7 a 0. Es necesario insistir en la magnitud del triunfo del Sí, que en promedio alcanza más del 67% de la votación, superando el porcentaje con que se aprobó la Constitución en el 2008. Esta victoria le pertenece al pueblo.

El mandato popular es absolutamente claro y de inmediato cumplimiento.

Las funciones del Estado están en la obligación de implementar los cambios jurídicos y políticos sin dilaciones ni escamoteos. Al pueblo le corresponde participar activamente en la definición de las políticas públicas para el combate a la corrupción, las reformas democráticas, la protección de los niños y adolescentes, la defensa de la vida y la naturaleza, así como para la vigencia plena de los derechos y libertades.

Este mandato, expresión inequívoca del derecho de autodeterminación de los pueblos, no puede ser desconocido por ninguna instancia nacional o internacional. Los pueblos del Ecuador ejercieron de forma legítima y constitucional su derecho de participación para fiscalizar el poder público y reformar las instituciones del Estado. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos debía actuar con celeridad para dictar medidas cautelares y resoluciones frente a los múltiples casos de violación de derechos humanos por parte del Estado en la década pasada.  

No podía ahora prestarse para proteger intereses particulares de funcionarios de un régimen autoritario y corrupto.  

La defensa de la voluntad popular requiere la unidad de los pueblos del Ecuador, de las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas, de los jóvenes, de mujeres y hombres honestos, de las fuerzas políticas comprometidas por el cambio. (O)