Los presupuestos participativos se implementaron en diferentes contextos como una herramienta para empoderar a la ciudadanía en la toma de decisiones sobre los asuntos públicos y para generar vínculos entre las autoridades locales y la comunidad. En Quito, se pusieron en marcha en el 2010 con el objetivo de delinear agendas conjuntas que sirvan para responder de mejor manera a las necesidades de los distintos barrios. No obstante, el presupuesto asignado por el Municipio y las temáticas de obra no fueron pertinentes para estructurar cambios sustanciales a corto y mediano plazo. Las obras que necesitaba la comunidad y que no estaban en la oferta, eran en gran medida problemáticas relacionadas con la provisión de infraestructura básica.

Los barrios que presentaban estas problemáticas eran los que estaban en las zonas rurales y periféricas de la ciudad y, además, se encontraban en proceso de consolidación urbana. Por ello, la Municipalidad antes de estructurar obras de mejoramiento urbano o de vialidad, debió generar las condiciones mínimas para que toda la ciudadanía tuviera una misma plataforma de servicios.

En ese sentido, se puede señalar reformas que necesita el mecanismo, como: la primera es que una parte sustancial del presupuesto se dirija hacia los presupuestos participativos, así la comunidad podría generar cambios significativos en su localidad. La segunda, que las decisiones de los líderes sean vinculantes y consensuadas con la secretaria de territorio para que formen parte del plan de acción de la Alcaldía. La tercera, que se amplíe el abanico de temáticas y que estas se puedan adaptar a las problemáticas específicas de cada territorio. La cuarta, que los espacios de discusión deberán estar abiertos para todo tipo de organización social, para promover la diversidad y la inclusión. Solo así podremos hablar de una “Ciudadanía Activa” que construye agendas locales conjuntas. (O)