La baja popularidad del presidente del Ecuador, Lenin Moreno, (alrededor del 7% en febrero de 2020) alentó la creencia de que alejarse de su sombra sería lo más beneficioso para las candidaturas de los presidenciables que eran cercanos.

La lógica invitaba a pensar que eso evitaría una ‘contaminación’ de la que representaba la peor marca política existente y que les permitiría posicionarse mejor en el tablero electoral. Sin embargo, algo falló en ese cálculo.

A menos de un mes de las elecciones generales, esas candidaturas están dentro del pelotón de quienes no superan el 2% de intención de voto, de acuerdo a las encuestas más serias. Es decir, entre quienes prácticamente han perdido la esperanza de entrar a una eventual segunda vuelta electoral, salvo que algo extraordinario ocurra.

¿Fue, entonces, una buena decisión romper con el Gobierno? Visto en perspectiva, esas candidaturas perdieron más de lo que ganaron. Al renunciar a la tutela del Ejecutivo, se quedaron sin poder utilizar su estructura en las provincias en plena crisis económica.

Para los candidatos ha sido todo un reto obtener recursos para la campaña, pues a diferencia de las pasadas, hay menos personas con capacidad para apoyar.

Si bien la Ley prohíbe claramente el uso de recursos y bienes públicos, en la práctica las autoridades se las han ingeniado para impulsar -en las últimas elecciones- a sus candidatos con la movilización ‘voluntaria’ de funcionarios, el uso de bases de datos y la entrega de ayudas a las personas beneficiarias de los distintos programas sociales.

Además, no pudieron convencer a la ciudadanía de que efectivamente existía un divorcio con el oficialismo y que representaban una nueva opción para llevar las riendas del país. El tiempo fue muy corto para posicionar sus discursos y sus opositores fueron muy hábiles al recordar de forma permanente sus nexos.

Si la tendencia se mantiene, el divorcio político le costará al oficialismo su mayor derrota en los últimos 14 años.