Desde esta perspectiva, se modifica la lógica de elaboración de leyes, políticas y programas, ya que el punto de partida no es la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derechos que obligan al Estado y al resto de la sociedad.

La persona, por lo tanto, es el sujeto central del desarrollo, y las garantías consagradas en el régimen universal de protección de los derechos humanos constituyen el marco conceptual, aceptado por la comunidad internacional, capaz de ofrecer un sistema coherente de principios y reglas para guiarlo.

Este enfoque también permite establecer las obligaciones de los Estados frente a los derechos -económicos, sociales, culturales, civiles y políticos- involucrados en una estrategia de largo plazo.

En América Latina y el Caribe, el enfoque de los derechos humanos ha adquirido gran importancia como horizonte normativo y programático del desarrollo, por lo que es cada vez más frecuente la elaboración de leyes que especifican ciertos derechos o esfuerzos sociales e institucionales dirigidos a formular políticas públicas desde este ángulo. En la región, además, todos los Estados ratificaron al menos tres de los siete principales tratados de derechos humanos vigentes al año 2006 y, como consecuencia de ello, tienen obligaciones jurídicas internacionales vinculantes.

La integración de los derechos humanos en el desarrollo contribuye a que las medidas puestas en práctica consideren la situación específica de las personas y grupos vulnerables, marginales o socialmente excluidos. Igual a superar la lógica de los marcos conceptuales y normativos a partir de los que se han construido políticas públicas y las instituciones de desarrollo, las que tradicionalmente se han erigido desde concepciones estandarizadas de la humanidad donde -lo masculino, adultez y determinado origen étnico- son los ejes que instauran la identidad, constitución del sujeto y  ciudadanía.    

En este contexto, las especificidades de mujeres, indígenas, personas con discapacidad o personas mayores, por ejemplo, no han sido contempladas de forma plena. El enfoque de los derechos, en cambio, propicia la titularidad de derechos humanos de todos los grupos sociales y, de ese modo, contribuye a que aquellas y aquellos que en el pasado fueron excluidos, en el presente sean tratados sobre la base de la igualdad y el respeto de la dignidad humana, para favorecer la integración social y, con ello, la construcción de una “sociedad para todos”. El proceso de envejecimiento de la población tiene profundas consecuencias para los derechos humanos, abriendo nuevas posibilidades para este enfoque. (O)