El Estado constitucional es la mayor invención de la modernidad para la paz de las comunidades.  Gracias a su estructura y mecanismos, los ciudadanos se encuentran previsiblemente en condiciones de llevar adelante su propia existencia en paz.

El Estado de este tipo, fundado en una Constitución,  se sostiene y realiza, apropiadamente, por los procesos que establece la Ley fundamental. Uno de los procesos, precisamente, consiste en la elección periódica de los servidores públicos. ¡Jamás cargos vitalicios en la República!

Las elecciones de gobernantes, periódicas, son la meta del Estado constitucional. Resulta el único modo conocido, aceptado y racional para canalizar, estabilizar y conducir las preferencias de cada uno de los ciudadanos que lo integran. El Estado son los ciudadanos. ¿O no?

Peculiarmente, cada Estado constitucional dispone en su interior de reglas jurídicas fijadas de antemano para  dirimir y elegir las preferencias ciudadanas e integrar la gobernanza del ente.  Un requisito inmarcesible: que se trate de elecciones auténticas, libres, transparentes y controlables.

La República del Ecuador ha asistido hace unos meses a la primera vuelta para la elección del binomio presidencial para su sistema de gobierno. Se siguió el camino determinado por la  Constitución de Montecristi (2008); así, el 2 de abril de 2017 se realizó la segunda vuelta electoral: los 2 candidatos más votados se enfrentaron.

Adversarios, en la ocasión electoral, para responder a la gobernabilidad del Ecuador.  Participó la abrumadora mayoría de ciudadanos libres que existen, que trata de vivir una buena vida, su buena vida, en el Ecuador.  También se eligió vicepresidente de la República.

El presidente de la República ejerce la función Ejecutiva, es el jefe del Estado, el jefe del Gobierno y el responsable de la administración, según fija el primer apartado del artículo 141 constitucional.

La segunda vuelta electoral ha tenido una enorme concurrencia a las urnas. Las preferencias se han agregado y cumplido. E indiscutiblemente hay un binomio triunfador.

Los ciudadanos ecuatorianos, por mayoría absoluta, han decidido el cauce político para el próximo período presidencial. Una nutrida e imparcial delegación internacional de observadores de  las elecciones se hizo presente en el Ecuador antes, durante y después del sufragio ciudadano para elegir nuevo presidente, ante la finalización del mandato de Rafael Correa.

Los ciudadanos ya han decidido a la luz del día sus preferencias políticas.  Lo han hecho ajustadamente, porque la regla, quizá, de este modelo para contener, agregar y dilucidar las preferencias que es el balotaje o segunda vuelta electoral estimula dicho proceder.

Los observadores internacionales no han contemplado ningún veto, hasta lo conocido y manifestado.

La autoridad pública constitucional del Ecuador, encargada de la realización de la elección, tampoco ha verificado objeciones. Los ganadores, ahora, deben llevar adelante su programa de gobierno.   

Las promesas deberán pasar a la sede de las acciones concretas.  Quienes no han podido triunfar en esta oportunidad deben cumplir con dos preciosos mandatos constitucionales: aceptar la derrota y prepararse, si lo desean, para participar en la próxima elección y ejercer el desafío de la oposición democrática. La propia dialéctica de la democracia: si hay gobierno debe existir oposición.

La savia del Estado, regido por una Constitución, es esa: el pluralismo, que se engarza con la participación plural de unos (los ganadores hoy) y con la participación de los otros (quienes hoy no han triunfado, pero podrán hacerlo en el futuro).  Rechazar el nutriente significa propiciar el camino de la anomia o pulverización del derecho constitucional; en otras palabras y sin vueltas: desalentar la paz en la comunidad. (O)