El tema era urgente para los padres de familia, sus hijos y los ciudadanos, pero la Asamblea demoró en su tratamiento. Las denuncias de abuso sexual contra niños y adolescentes en el país fueron analizadas por la Comisión Ocasional Aampetra, creada especialmente para investigar sobre esos execrables delitos. La mesa legislativa, que está presidida por Silvia Salgado, aliada socialista, recibió 42 denuncias.

La mesa hizo dos informes: uno sobre los detalles de los centros educativos y los casos de violación; otro sobre el control político al Ministerio de Educación respecto a su actuación para combatir la violencia sexual contra niños y adolescentes en unidades educativas. De 2013 a noviembre de 2016, Augusto Espinosa fue ministro de Educación y hoy es asambleísta del autodenominado Revolución Ciudadana. Ningún informe estuvo listo para presentar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que tenía el pedido de juicio político a Espinosa, presentado por Jeannine Cruz, de CREO, en octubre de 2017. La titular de la comisión hizo una exposición oral sobre las 42 denuncias que recibió. Pero el CAL archivó la solicitud. Salgado tardó nueve meses en aprobar ambos informes.

El segundo, que se hizo público el pasado viernes, tiene 59 páginas. El documento señala las omisiones y las responsabilidades políticas de Espinosa, así como las de Freddy Peñafiel, su sucesor y exviceministro de Educación, quien ni siquiera sancionó  los casos públicos como el Principito y Emmanuel. ¿Por qué la demora en aprobar los informes sobre un tema urgente y repudiado por la ciudadanía? Para evitar la interpelación a Espinosa y por ese falso espíritu de cuerpo para encubrirse que tenía el oficialismo cuando aún no se dividía en dos agrupaciones. El exministro solo podía ser llevado al banquillo de los acusados hasta un año después de su salida del cargo, que ya se cumplió.

Héctor Muñoz, de SUMA e integrante de la Comisión Aampetra, dijo que las conclusiones fueron las mismas que  tenían en el informe borrador de noviembre. “Es su manera de tapar el juicio y es una tomadura de pelo para las víctimas”. Coincidió con él, su colega de comisión, Encarnación Duchi, de Pachakutik. Ahora, los ciudadanos esperan que la justicia sancione a los responsables, mientras Espinosa camina tranquilo por la Asamblea. (O)