Luego de una década llena de inestabilidad política, donde el país tuvo 7 mandatarios, el presidente Rafael Correa llamó en 2007 a una nueva Asamblea Constituyente, en Montecristi, con la finalidad de recuperar las capacidades regulatorias, de gobernabilidad y participativas del Estado. En fin, fue el punto de quiebre entre la vieja y la nueva historia ecuatoriana.

Entre noviembre de ese año y octubre de 2008 tras largos debates, la Carta Magna de 1998 fue reemplazada.

En ella se reconoce, por ejemplo, a la naturaleza como sujeto de derechos, un plan legislativo cuyos ejes son el ser humano, la vida y la madre tierra. También se plasmaron leyes para la planificación y recuperación de la política pública, por medio de un reajuste participativo y descentralizado.

La ciudadanía en general pondera también que el producto de la Asamblea Constituyente permitiera la separación de poderes en cinco ramas. A más de los tradicionales (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) se establecieron dos más: la Función Electoral y la de Transparencia y Control Social.

A decir del historiador Jorge Núñez, “la Constituyente rompió con los obstáculos de una democracia representativa y promovió el ejercicio real democrática y participativa del pueblo”. Eso allanó el camino para que la ciudadanía conquistara “un horizonte de dignidad, equidad y justicia”. Pero la Constituyente -agrega- no hubiese avanzado sin el liderazgo del Presidente.

Para el analista político Adrián Bonilla, además de aquello, la Asamblea Constituyente generó cambios en valores, de la parte doctrinaria y de objetivos nacionales que se enfocan en la igualdad y la equidad.

“La Constitución fue un mecanismo para la reforma institucional del Estado y la consolidación política del régimen”, puntualizó Bonilla, al mismo tiempo cree que, para su cumplimiento real, aún falta perfeccionar los sistemas de control, entre otros aspectos.

Fausto Dután, líder laboral, dijo que la discusión de los proyectos en la Constituyente se realizó con el aporte directo de la ciudadanía, de los trabajadores y de sectores sociales.

Pondera que la construcción de una nueva sociedad tuvo como base los derechos sociales, individuales y colectivos. “El derecho al Buen Vivir no es simplemente una declaración, se expresa con claridad en otros derechos, como a tener vivienda, salud y educación, derechos igualitarios, sin discriminación alguna y con calidad”.

Para Núñez, los resultados de ese ejercicio democrático se evidencian 10 años después y son sorprendentes.

Por ejemplo, nuevos y modernos servicios públicos de energía, transporte, salud, educación, vivienda y seguridad. (I)