Luego de finalizada la evacuación de los mineros irregulares que se asentaron en la zona de Buenos Aires, en la parroquia La Merced, de la provincia de Imbabura, las autoridades definen qué harán con 200 chancadoras que se usaban para procesar las piedras que sacaban de la montaña para obtener oro.

El general Patricio Carrillo, quien dirigió el operativo policial, señaló que el 70% de los campamentos improvisados en los que habitaban las personas asentadas en el sector fueron destruidos.

Los precarios refugios que levantaron los mineros, con palos y plásticos, alojaron a cerca de 10.000 personas en los sitios bautizados como La Feria, La Y de San Pedro, Ciudad de Plástico, Mina Vieja, Olival y Nueva Mina.

La Policía desplegó en la zona 1.200 efectivos al igual que los militares que apoyaron los operativos desde el martes 2 de julio.

La fuerza pública permanecerá en ese territorio hasta que finalicen los 60 días que dura el estado de excepción que rige en esa zona y que firmó el presidente de la República, Lenín Moreno, el lunes 1 de julio.

Carrillo señaló que el personal vigila las chancadoras hasta que las autoridades de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) determinen si se desmontan o destruyen las trituradoras.

Asimismo, esperan la decisión sobre el destino que darán a alrededor de 5.000 sacos de material pétreo con vetas que los mineros sacaron ilegalmente.

El viceministro del Interior, Patricio Pazmiño, afirmó que el control minero se extendió a otras provincias para evitar sucesos como los de Buenos Aires.

Explicó que existe personal movilizado en zonas de explotación en las provincias de Loja, Azuay y Carchi. “El tema es bastante extenso, pero tomamos medidas preventivas contra la minería ilegal”. (I)