Autoridades de Gobierno y representantes del sector privado comenzaron a delinear el trabajo conjunto, para cristalizar el plan Casa para Todos, uno de los proyectos emblemáticos que fue la promesa de campaña del presidente Lenín Moreno y en el que se pretende involucrar a los empresarios.

El martes de la semana pasada, en Guayaquil se trazaron las primeros líneas de acción. En una reunión encabezada por el consejero presidencial de Hábitat, Virgilio Hernández, junto con ministros del sector productivo se determinaron las acciones a ejecutarse para cumplir con la propuesta de Gobierno.

Una de las primeras resoluciones fue lanzar un plan piloto del proyecto. Para ello se determinará el día y el lugar, a fin de emprender el proyecto habitacional.

Según Hernández, el interés del Gobierno es concretar, primero, la construcción de viviendas que están pendientes de entregar a las familias damnificadas por el terremoto del 16 de abril del año pasado, sobre todo en Manabí y Esmeraldas.

“Otro elemento es lograr acuerdos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), para que puedan participar en la ejecución del plan de vivienda”, manifestó el funcionario. De allí que otra de las acciones será acercarse a las autoridades seccionales para involucrarlos en el plan.

También hay un cuarto eje de acción, que es definir una ronda con el sector privado para que sean ellos los que puedan ofertar viviendas de interés social. “Estamos señalando que una prioridad es impulsar un proyecto de ley de vivienda de interés social”, sostuvo.

Estas ideas serán esquematizadas, con la finalidad de cumplir con el ofrecimiento del presidente Lenín Moreno, quien durante la campaña anunció construir y entregar 325.000 viviendas en cuatro años, de las cuales 191.000 se adjudicarán a familias de escasos recursos.

Octavio Villacreses, exconcejal de Guayaquil y ahora gerente del proyecto Casa para Todos, manifestó que los primeros pasos que se deben dar para un plan tan ambicioso es tener un gran banco de tierras, contratistas, proveedores y una adecuada planificación.

“Siempre he estado en contra de los grandes asentamientos que se producen sin planificación o con una planificación informal, tenemos que enfrentar estas cosas haciendo estudios urbanos para infraestructura, con cuidado en el tema ambiental y aceptar asentamientos, como Monte Sinaí (noroeste de Guayaquil), que aparecieron como asentamiento irregular”, dijo.

Y se refirió a la situación de esta ciudad, pues consideró que existen muchos espacios disponibles pero que carecen o tienen poca infraestructura, otras áreas que son rurales pero están dentro de la expansión urbana. De allí que aseguró que existe infraestructura subutilizada.

“Hay que echar mano de todos los terrenos, que los dueños de la tierra tengan la oportunidad de convertirla en un espacio de promoción inmobiliaria”, manifestó.

Un factor necesario es la coordinación con los municipios. “Todos tienen que participar, incluso la ciudadanía, juntas parroquiales, prefecturas deben entrar en este paraguas. Iremos a las zonas rurales y comunidades de base, donde se acentúan las falencias. Para ello existe un presupuesto estimativo de $ 5.000 millones. (I)