La nueva Corte Constitucional (CC) estará conformada a mediados de enero. Los nueve jueces de esa instancia tendrán como principal desafío resolver al menos 13.000 causas represadas. Estas son en su mayoría acciones extraordinarias de protección.

De ellas, 11.000 no fueron tramitadas por la anterior Corte, presidida por Alfredo Ruiz. Las 2.000 restantes se acumularon en los últimos cuatro meses.

En agosto pasado esa magistratura fue cesada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T). A eso se suman demandas y pedidos de reconsideración que tampoco fueron despachados.

Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, los jueces deben analizar en el menor tiempo posible cuáles son los expedientes que ameritan prioridad. “Aunque deben pasar por un primer filtro, que es el de admisibilidad”, sostuvo el jurista.     

Responsabilizó a la anterior Corte, a la que calificó de inoperante, por no gestionar las causas. “No estableció parámetros claros para los procesos de admisibilidad”, explicó.

A los jueces también les espera un trabajo adicional: resolver las demandas ciudadanas sobre problemas con los servicios públicos que reposan en la magistratura.

Según Guerrero, un caso urgente para resolver es la objeción que ciudadanos presentaron sobre el veto parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley de Reforma al Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

En noviembre pasado, un comunicado del Gobierno informó que ese proyecto contraviene la Constitución.

¿Por qué? Según el Ejecutivo, “el articulado afecta garantías como el debido proceso, la seguridad jurídica y el derecho a la defensa, al mismo tiempo causa dilaciones injustificadas”.

Ese proyecto está bloqueado y seguirá así mientras la Corte Constitucional no dé trámite respectivo, explicó Guerrero.

Para el jurista Stalin Raza, quien participa en la selección de la nueva Corte, la prioridad de los futuros jueces es trabajar al 100%.
“Lo primero es evacuar las causas represadas con el proceso de admisibilidad”.

Él subrayó que los casos admitidos serán sorteados por los jueces y de ellos dependerá el tiempo que demorarán para resolver.

Concurso cuestionado

Tres de los 21 aspirantes a la nueva Corte, que pidieron la reserva de sus nombres, no están de acuerdo con el concurso público.
Ellos acusaron a varios integrantes de la Comisión Calificadora de Selección de beneficiar a un grupo selecto de aspirantes. Sin embargo, señalaron que no quieren entorpecer la etapa de revisión de las pruebas de méritos y oposición de los 11 postulantes.

Según ellos, hubo inconsistencias e irregularidades en sus calificaciones. “El concurso fue una decepción, pensé que la Comisión Calificadora estaba conformada por gente seria”, explicaron a este medio.  

Para esos tres postulantes, desde el inicio del concurso ya sabían la lista de ganadores. “Algunos integrantes de la comisión son amigos de los candidatos y eso influyó en la calificación final”.

Por ejemplo, Ernesto Albán, integrante de la Comisión Calificadora, se desempeña como profesor subalterno de Ramiro Ávila Santamaría y de Agustín Grijalva, en la Universidad Andina Simón Bolívar”.      

Ávila y Grijalva lograron una calificación de 81 y 81,5 puntos respectivamente, la tercera y cuarta mejor nota de los 21 candidatos.      

Durante un encuentro con EL TELÉGRAFO recalcaron que  la jurista Daniela Salazar, editorialista de diario El Comercio, fue “beneficiada por Vanesa Aguirre”, integrante de la Comisión Calificadora.  

“Aguirre es docente alterna de Salazar” en la Universidad San Francisco, aclararon. Ella fue la sexta mejor calificada con 71,5 puntos.

La Comisión respondió a los cuestionamientos y reveló que el proceso de selección fue limpio, transparente e imparcial.

Informó que en el concurso público se privilegiaron los conocimientos jurídicos, no las posturas políticas. La Comisión subrayó que se va con la conciencia tranquila después de la selección de la nueva Corte Constitucional. “Será una muy buena corte, muchísimo mejor que las anteriores”, señaló. (I)

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Para juristas amerita una reforma en la institución

La nueva Corte Constitucional (CC), que se instalará a inicios del 2019, debe afrontar una reforma legal. Así lo aclaró Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha.

Propuso que establezca un modelo de control constitucional para agilizar el trabajo de este órgano de justicia. “No tiene sentido que todos los proceso terminen en la Corte Constitucional, por vía de la acción extraordinaria de protección”, subrayó.

Margarita Vergara, académica y asesora legal, planteó que los jueces trabajen en reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional porque fue mal elaborada.

“Un error es que todas las causas deben resolverse en el pleno de la Corte”, aclaró Vergara, al exponer que necesita manejarse bajo el esquema que tenía en el Tribunal Constitucional.

“Antes de que se modificara la Corte, ciertas causas eran resueltas por las salas, integradas por jueces constitucionales”, dijo.

Incluso, propuso que en las reformas a la legislación se corrijan los parámetros para establecer la admisibilidad de las causas que entran a la Corte. “Eso ayudará a despachar de manera más ágil las causas.

Otra solución es que los conjueces de la Corte Constitucional realicen ese trabajo”, expuso la académica.

Vergara subrayó que ellos podrían ser los nueve jueces que quedarán en segundo lugar en el concurso de selección de la nueva Corte. (I)