Es una relación quebrada. Ambos se investigan mutuamente, pero trabajan en una misma entidad. Los dos se acusan de hacer maniobras para sacarlos de sus cargos.

Carlos Baca, fiscal General del Estado, y Thania Moreno, fiscal subrogante, protagonizan una historia que mantiene en alerta a los ciudadanos. En un año de funciones solamente se les vio juntos en tres actos públicos: el primero cuando el fiscal Carlos Baca se posesionó en el cargo; el segundo en una reunión con todos los fiscales provinciales, y el tercero para anunciar diligencias sobre el caso de corrupción de Odebrecht.

“El manejo político de otros ha provocado ese distanciamiento radical, muy público y perceptible por la sociedad. Ni el Fiscal ni la Fiscal subrogante están exentos de ser investigados”, explicó a este diario el abogado en libre ejercicio, Marcelo Dueñas.

Moreno llegó al cargo tras participar en el concurso para la selección de fiscales provinciales, que tuvo 78 postulantes. De esos concursantes, los 24 mejores fueron designados fiscales provinciales.

Moreno obtuvo el puntaje más alto y escogió la Fiscalía de Pichincha.

Al mismo tiempo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado hizo el concurso para Fiscal General del Estado. Moreno también se presentó para ese cargo, pero renunció por asuntos personales. Así dejó libre el camino para la designación de Carlos Baca, exasesor de Rafael Correa.

El 13 de mayo de 2017, Baca asumió como Fiscal, y el Consejo de la Judicatura, un mes antes, nombró a Moreno como fiscal subrogante por ser la primera en el concurso para fiscales provinciales.

Baca le encargó tres casos a ella: el de Arturo B., exjuez provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas, procesado por exigir $ 2.000 a cambio de un fallo favorable; el  de concusión iniciado al excontralor, Carlos Pólit; y el de González y otros,  que antes era el caso Fybeca.

Sin embargo, la distancia entre ambos se evidenció cuando Baca viajó a Brasil, Estados Unidos y Panamá para recabar información sobre el caso de corrupción de Odebrecht. Él no le encargó la Fiscalía a Moreno, como establece la ley y eso resultó incómodo para ella. 

La relación de los dos colegas sufrió un resquebrajamiento debido a las investigaciones que hace Moreno a Baca en cuatro casos: el primero, por peculado en la Comisión del 30-S, que estaba presidida por él. Según el informe de Contraloría, Baca habría cobrado un salario  por su trabajo “voluntario” al frente de la comisión. Baca en esa época era asesor del presidente Rafael Correa y ya tenía sueldo por ello. El segundo, por fraude procesal, es decir, alterar videos y evidencias en el caso 30-S, según la denuncia del excandidato a la vicepresidencia de la República por CREO, Andrés Páez, y del activista político Fernando Villavicencio.

El tercero es por incumplimiento de orden legítima: un fiscal destituido ganó un juicio y debían restituirlo a su cargo, pero ni el exfiscal Chiriboga ni el actual fiscal Baca hicieron nada. Y el cuarto es por una denuncia de intimidación del exviceministro del Interior, Diego Fuentes, quien acusa a Baca de obligar a un policía a presentar una declaración juramentada. 

En cambio, Baca investiga a Moreno por su actuación en el caso pases policiales y la acusa de ser parte de una maniobra para sacarlo de su cargo, según dijo durante  su comparecencia a la Asamblea, el 11 de marzo. 

El Fiscal fue llamado al Legislativo por divulgar una conversación entre el excontralor y prófugo, Carlos Pólit, y el destituido presidente del Legislativo, José Serrano. Allí, Baca, señaló que la fiscal subrogante es “la amiga” de la que hablan Serrano y Pólit.

“Ella me abrió una investigación penal después de develar el audio y tres horas más tarde otra”, dijo.

Otro incidente se suma a esa disputa. Baca y el ministro del Interior, César Navas, le retiraron el personal de apoyo a la Fiscal subrogante en sus investigaciones.

Según ella, a los 26 agentes policiales les dieron el pase a otra institución y le dejaron solamente a tres funcionarios.

“En la Policía, que es el brazo ejecutor de la Fiscalía, están los que apoyan a Moreno y los que obedecen a Baca.  En el fondo de todo esto la institucionalidad se deteriora”, argumentó el abogado en libre ejercicio y excandidato a la Alcaldía, Milton Castillo.

El final de esta historia puede ser que ambos terminen afuera de la administración pública.

Ella porque concluirá sus funciones en mayo como fiscal de Pichincha, o porque tiene dos quejas contra su gestión en el Consejo de la Judicatura. La primera la puso Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, por negligencia en el caso del audio de Serrano y Pólit. La segunda fue interpuesta por Navas por dolo a causa de una comunicación en términos descomedidos en la remoción del personal policial que tenía ella.  A esto se suma una denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción que pidió al Consejo de Participación Transitorio investigar la designación de Thania Moreno como fiscal de Pichincha en el 2016. Según la comisión, hubo tráfico de influencias para que ella asuma el caso de la venta de pases policiales.

“El Consejo de la Judicatura debería pedirle a Moreno que se ausente hasta resolver el caso administrativo contra ella. Eso determinará sanciones como amonestación escrita o pecuniaria e incluso suspensión”, señaló el abogado Xavier Aguilar.

En cambio, Baca puede ser cesado por el Consejo de Participación después de que evalúe su gestión. O censurado y destituido en el juicio político de la Asamblea. (I)