En 45 días la Comisión Especializada Ocasional Multipartidista deberá tratar dos temas de la consulta popular: el cese de funciones de los  miembros del Consejo de Participación y la derogatoria de la Ley de Plusvalía.

Sus miembros serán escogidos mañana por el pleno del Legislativo.

Una vez que el pueblo ecuatoriano aprobó en forma mayoritaria a las 7 preguntas de la consulta popular, el presidente de la Asamblea, José Serrano, mantuvo una reunión reservada con los líderes de las bancadas legislativas.

En la cita estuvieron Guillermo Celi (SUMA); Roberto Gómez (CREO); Daniel Mendoza (AP-Aliados); Esteban Albornoz (PAIS); Henry Cucalón (PSC); Pabel Muñoz (Revolución Ciudadana); y Encarnación Duchi (Bancada de Integración Nacional).

Previamente a esta reunión las bancadas tuvieron encuentros con sus respectivos grupos, para definir una postura ante a la resolución que tomó el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el pasado lunes, de conformar la comisión ocasional. Así, Guillermo Celi admitió que el grupo que representa, lo nombró para esa Comisión Multipartidista.

Otro de los nombres que se barajaron fue el de Lourdes Cuesta, asambleísta por el movimiento CREO, aunque esto no fue confirmado por el líder de la bancada.

La legisladora agradeció la confianza y dijo estar dispuesta a representar al bloque de oposición.

Una hora y media después Serrano, acompañado del segundo vicepresidente, Carlos Bergmann, anunció las resoluciones a las que llegaron. De esta forma la comisión ocasional tratará las preguntas 3 y 6 de la consulta.

De todas formas, hoy el CAL aprobará estos temas en su sesión.

Para mañana el pleno legislativo se encargará de designar los nombres de la comisión multipartidista. El tiempo de duración de esta será de 45 días.

En ese sentido, sus miembros tendrán hasta el 15 de marzo el plazo para aprobar las reformas que deban efectuarse en torno a los dos temas citados.

El nuevo CPCCS
Serrano agregó que para el 16 de marzo esta comisión deberá aprobar, incluso, los nombres de los siete nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Dentro de la sesión también acordaron finiquitar el trabajo de la agenda legislativa 2017-2019 que se inició en agosto pasado.

De momento ya existe un primer borrador con los cambios y modificaciones planteadas y que será presentado en la semana del 19 de febrero.

La agenda de trabajo incluye las prioridades de cada comisión permanente.

Para Henry Cucalón, jefe de PSC, la Ley de Plusvalía debe ser derogada en su totalidad. Dentro de los plazos y según lo indican los anexos, una vez proclamados los resultados de la consulta el presidente Lenín Moreno tendrá 15 días para enviar al legislativo el Proyecto de Ley Económico Urgente.

En dos debates, el pleno deberá derogar la Ley de Plusvalía.

Luis Fernando Torres, miembro del CAL, reiteró que la Comisión Ocasional deberá tener funciones limitadas. “No es imprescindible una Comisión Ocasional, aunque podría ser útil para procesar algunas inquietudes ciudadanas”, dijo el asambleísta, quien sostuvo que las reformas ya fueron aprobadas por el pueblo. (I)

Apoyo
Consejo Transitorio
Luis Fernando Torres afirmó que según los anexos, una vez proclamados los resultados de la consulta y publicados en el Registro Oficial, los 7 miembros del CPCCS serían cesados inmediatamente, esta sería la notificación.

Representante del BIN
Según Angel Gende, el representante del BIN ante la Comisión  será la asambleísta Encarnación Duchi. (I)

Juicio político a Ochoa llega junto con la destitución
Aunque la Contraloría General del Estado ratificó la destitución del exdirector de Noticias de GamaTV, Carlos Ochoa -ahora Superintendente de Comunicación- la asambleísta proponente del juicio político, Lourdes Cuesta dijo que el proceso debe continuar.

Ahora, el procedimiento se encuentra en trámite en la Comisión de Fiscalización.

El asambleísta Daniel Mendoza, desconocía si ya había llegado el informe. Sin embargo reconoció que hubo “una serie de abusos” que cometió en su cargo el Superintendente. Agregó que esta semana debería tratarse el tema en la Comisión.

Por su parte, la Contraloría, en su informe, dijo que dentro de la auditoría, Ochoa presuntamente entre 2010 y 2016 cobró bonos entre $ 2.000, $ 3.400 y $ 5.800 ‘sin sustentos legales’.

En su cargo también se habría ‘beneficiado’ de $ 30.848, que corresponden al costo de un vehículo adquirido con recursos de la estación en el 2010. Ochoa anunció que impugnará la decisión de la Contraloría.

Después de que el voto de la asambleísta Soledad Buendía sea el único en contra dentro del CAL, la bancada de la Revolución Ciudadana la respaldó y ratificó su compromiso de velar por la Ley de Comunicación. (I)