Los indultos para quienes el sector indígena consideraba presos políticos o sin justificaciones es parte de los compromisos alcanzados con el Gobierno Central.

En los Decretos Presidenciales emitidos desde que Lenín Moreno asumió el mando del país constan cuatro decretos que benefician con esta figura a siete personas. En este sentido la secretaria de Gestión de la Política, Paola Pabón se reunió la semana pasada con los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), para dialogar sobre este tema y otros concernientes al sector.

Jorge Herrera, presidente del conglomerado indígena, detalló que fueron siete ministros los que acudieron a la cita para despejar y atender las inquietudes.

Pabón confirmó que la Conaie ha respondido al llamado al Diálogo Nacional que impulsa el Gobierno  con el objetivo de acercarse a las organizaciones de todo el país. Se trata de la segunda reunión mantenida de muchas otras programadas.

“Hemos abordado algunos temas que tienen que ver con educación intercultural, justicia indígena, la preocupación en el tema tierra, transporte comunitario y en relación con las amnistías. La Ministra de Justicia, Rosana Alvarado, ha señalado que el Gobierno Nacional, tal como se comprometió, ha revisado cada uno de los casos”.

La titular de la Cartera de Justicia precisó que el Gobierno actuó en cada uno de los casos de indulto No obstante, fue enfática en especificar que la figura de la amnistía “es una competencia de la Asamblea Nacional. Y eso lo hemos ratificado al presidente de la Conaie”.

Pabón aclaró que el Ejecutivo “no va a interferir en las amnistías”, al tiempo que indicó que la figura del indulto se aplicó para cada uno de los casos que cumplían con los requisitos de Ley, luego de un examen puntual.

Para Jorge Herrera lo conseguido hasta el momento es un logro, aunque no se otorgaron todos los indultos que esperaban.

Considera que el Ejecutivo puede  incidir en el Legislativo, puesto que PAIS tiene 74 curules, lo que representa la mayoría. “Esto depende de una decisión y de una injerencia del Ejecutivo. Si realmente se quiere hacer efectivo el beneficio para toda la ciudadanía es hora de aplicar las amnistías”.

Uno de los artículos bajo los que se juzgó a las personas indultadas es el 346 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia a la paralización de un servicio público. “La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo; o, se tome por fuerza un edificio o instalación pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”.

También se cita el artículo 283 del mismo cuerpo legal. En donde se menciona el ataque o resistencia. “La persona que ataque o se resista con violencia o amenazas a los empleados públicos - entre otros-... serán sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

El mismo artículo menciona que la persona que incite a la Fuerza Pública a ejecutar las conductas anteriores, será sancionada con prisión por el tiempo fijado para cada caso incrementada en un tercio.

Indultos registrados

- En la reunión con los líderes de la Conaie participaron la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; los viceministros de Educación y Ambiente, además de representantes de la Agencia Nacional de Tránsito y Ministerios de Agricultura y Transporte y Obras Públicas.

- El Decreto 32 fue firmado el 14 de junio a favor de Patricio Meza Saltos Pastaza.

- El 23 de junio se suscribió el Decreto 51 que benefició a José Rodrigo Tubón Guano, José Manuel de la Cruz Sánchez, Elvis Javier Guamán Cuvi y Segundo Santiago Pilatasig Quispe.

- En el Decreto 56, con fecha 4 de julio se estipula el indulto a Tomás Felipe Jimpikit Tseremp. 

- La Resolución 102, del 2 de agosto libera a Luis Medardo Chiquilinga Guambo. (I)