Al fiscal Galo Chiriboga no le preocupa el pedido de varios sectores en la Asamblea de juicio político en su contra. Comparecerá a la Comisión de Fiscalización para revelar el trabajo del organismo que preside. Sobre la “red de corrupción” —propiciada por grupos económicos privados en torno al proyecto de repotenciación de la refinería de Esmeraldas— señala que no hubo lentitud y que se actuó con base en los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Asistencia Penal de Panamá que reveló la vinculación del exministro de Hidrocarburos, Carlos P., y el exgerente de Petroecuador, Álex B. La audiencia de este último se realizará este jueves 10.

¿Cuál es su responsabilidad en que no se haya detenido a los implicados en el caso Petroecuador?

La respuesta se refiere a las fechas. Recuerden que Álex B. fue detenido el 16 de mayo. Fue imputado por un delito de tráfico de influencias. El 10 de mayo, la Fiscalía reformuló los cargos por cuanto recibió de la Contraloría un informe en el que se establecía una responsabilidad penal, al determinarse que había recibido $ 500 mil  y no podía justificar esos fondos. Esa audiencia está prevista para el 10 de noviembre. El 11 de mayo iniciamos la indagación previa; el 13 de mayo solicitamos su detención. El 14 de mayo allanamos el domicilio. El 16 de mayo fue detenido, la Fiscalía formuló cargos y se solicitó la prisión preventiva. El 10 de agosto reformulamos los cargos por enriquecimiento ilícito

¿Cómo llegan al caso de cohecho?

El 15 de agosto, la Fiscalía  recibe un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Ese caso está en instrucción fiscal. Estos dos casos no lleva el fiscal general, porque no son casos de fuero de corte. Están en manos de los fiscales Franklin Timbalombo por cohecho y Franklin Bravo por enriquecimiento ilícito.

¿Por qué se permite que Carlos P. salga el 28 de septiembre, si el informe de la UAF llega en agosto?

Porque en el expediente no había absolutamente nada en su contra. El 15 de agosto es clave porque la UAF manda una información diciendo que Álex B. —quien estaba ya detenido— constituyó una empresa llamada Girbra. Esa empresa firmó un contrato para recibir comisiones de Arkdale, que está vinculada a una empresa Oil Services & Solucions, y esta a su vez con los hermanos B.  Juan  B.  había salido del país tres meses antes del informe de la UAF y el 1 de mayo salió con destino a EE.UU.; es decir tres meses antes del informe de la UAF. La UAF revela que Girbra realizó  transferencias a 3 empresas: Murfield, Sentinel y Operadora BLC. Sobre Murfiel y la Operadora BLC aún no se identifican los accionistas. En el caso de Sentinel está relacionada con Marianela M. y Ramiro L., que salieron del país el 13 de agosto a EE.UU., antes de que llegue el informe de la UAF. Y Humberto G. salió el 11 de agosto.

Pero, desde el 16 mayo hasta el 15 agosto pasaron 3 meses, ¿no hubo tardanza en ese proceso?

Nosotros operamos sobre los informes que solicitamos y el  informe de la UAF nos llega el 15 de agosto, los dos fiscales reaccionan de inmediato y solicitan las órdenes de detención.

¿Solo dependen de los informes de la UAF o la Contraloría? ¿Por qué no actúan por oficio, si había elementos de convicción?

Los elementos de convicción que  teníamos antes del 15 de agosto son los que permitieron detener a Álex B. y antes de tener la información general que nos dio la UAF no sabíamos de la existencia de Girbra. Sabíamos que la empresa constituyó Álex B., pero con la información de la UAF sabemos que suscribe unos contratos para comisiones entre Arkdale con los hermanos B. y se busca la captura.

¿Se filtró la información y por ello huyeron del país?

La información evidentemente fue filtrada por varios factores. Lo que se presume hasta ahora es que Álex B. era el que pagaba las comisiones y cuando lo cogen preso los vinculados a las comisiones comenzaron a ponerse a buen recaudo, más aún si sabían que se investigaba. Álex B. fue detenido el 16 de mayo. El 15 de agosto nos llega el informe de la UAF.

¿Solo se podía trabajar con la información de la UAF?

Se pretende que se detenga a la gente sin ningún argumento y eso no lo va a hacer la Fiscalía. Vivimos un Estado de derecho, si mañana actuamos como se sugiere, por ejemplo, hay una denuncia en su contra y lo van a detener sin ningún elemento que sostenga esa denuncia. Tenemos convicción de respetar la ley.

¿Qué procedimientos se siguió desde el 15 de agosto hasta septiembre que salió Carlos P.?

El 17 de agosto se detiene y se formulan los cargos a Javier B., representante de Oil Services & Solucions (OSS). Ese día su hermano Jaime B. huye por la frontera sur del país teniendo orden de detención. Finalmente, el 29 de septiembre se recibe el informe de la Asistencia Penal de Panamá, en el que se vincula a Carlos P. Ese informe llegó un día antes de que salga del país.

¿Qué reveló ese informe?

Que el 100% de acciones de Girbra son de Álex B. detenido 4 meses antes. Así como que las acciones de Escart son de Arturo E., quien salió del país el 2 de agosto, 13 días antes del Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) de la Unidad de Análisis Financiero y del informe de la Asistencia Penal Internacional de Panamá. La Fiscalía identificó 2 cuentas bancarias de Girbra, una en el Helm Bank y otra en el Capital Bank panameños. Girbra recibió de Helm Bank transferencias por $ 10 millones de empresas vinculadas con contratistas de Petroecuador. Girbra transfirió $ 1 millón a un hijo y hermana de Carlos P., único beneficiario de Capaya. Esta empresa tiene una cuenta en el Capital Bank por $ 50.000. Girbra transfirió a Escart y a la cuenta personal de Arturo E., asesor de Carlos P., $ 800.000.

¿Constituye este caso un modelo de corrupción que implique hacer otro tipo de investigaciones?

La corrupción puede prevenirse por mil campos; nosotros procedemos con la ley cuando tenemos esos elementos, indicios. No podemos proceder sin una base. Cuando se imputa una lentitud se hace sin ni siquiera revisar el proceso. El 3 de octubre, el vicepresidente Jorge Glas y el secretario jurídico, Alexis Mera, informaron al país sobre este caso y dijeron que el trabajo de la Fiscalía fue eficiente y que gracias a esta entidad se descubrió este hecho. No es cierto lo que dicen los medios que el actor fundamental para descubrir fue Fernando Villavicencio.

Pero, Villavicencio habla de persecución en su contra...

Tratan (Villavicencio y Jiménez) de hacerse pasar como víctimas de una supuesta persecución. En la audiencia en la que formulamos cargos encontramos correos en sus computadoras del Procurador al asesor jurídico de la Presidencia y al propio Presidente. Difundieron correos que estaban vinculados en la defensa de Ecuador con el caso Chevron. Son muy importantes las fechas, Villavicencio informa en su web el 3 de septiembre una supuesta relación de los abogados que defienden al Estado con la empresa Chevron. Tres días después, el 6 de septiembre, Margareth Petitio fue y vendió esa información a Chevron que  pretendió meterle en el juicio Rico. El juez de la causa le dijo que no porque esa información era confidencial y reservada.

¿Hay más personas vinculadas en el caso de Petroecuador?

Hay más personas vinculadas. La Fiscalía sigue investigando. Hemos solicitado otra Asistencia Penal para profundizar el caso.

¿Cuánto dinero se retuvo?

La Fiscalía alertó a Panamá y en ese país hay una investigación por corrupción y blanqueo de dinero. En Panamá se bloquearon cerca de $ 4 millones. 1’383.804 de la cuenta de la empresa Gevabra de Álex B. en el All Bank de Panamá y otra por 2’445.417 de su cuenta personal y de la cuenta de Girbra en el Capital Bank.

¿Qué acciones se han pedido para los procesados?

Hay prisión preventiva, incautación de bienes, retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes para 9 procesados (Carlos P, Álex B., Aturo E., Juan B., Jaime B., Arturo P., Fabricio Y., Glenda M., Humberto G.). La jueza notificó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol Ecuador) para que sean detenidos quienes salieron del país. En cambio, para 8 personas (Carlos P., Jelice H., Gorki R., Ramiro L. Sonia C., Yolanda P., Xenia P., Álex B. y Paquita de M.) hay prohibición de salida del país y la presentación ante la autoridad competente durante 3 días a la semana. Se detectó que algunas de estas personas no se presentaron ante el juez y la Fiscalía pidió orden de prisión preventiva.

¿Qué tan factible es la detención de quiénes están fuera del país?

Carlos P. salió a España y de allí a EE.UU. Todos están en ese país. La responsabilidad de devolver a estas personas está en ese país, bajo tratados internacionales y normas de reciprocidad internacional.

Muchos dicen que oculta a los vinculados, porque también usted tiene dinero en paraísos fiscales...

Es falso. Cuando fui a la Comisión de Justicia de la Asamblea presente toda la argumentación sobre los famosos papeles de Panamá. La empresa Madrigal no la constituye Galo Chiriboga cuando era fiscal, sino 17 años antes. Yo no cree esa empresa para eludir impuestos. Se creó por una situación jurídica especial hace 17 años y actualmente está en liquidación. (I)