El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Guillaume Long, en el marco del 117 Período de Sesiones del Comité de Derechos Humanos en Ginebra, se refirió al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la participación en los asuntos públicos.

En su intervención, el Canciller Long enfatizó que en Ecuador "se vive absoluta libertad de expresión", al tiempo que lamentó que "gran parte de los ataques a nuestro Gobierno, con algún eco en la prensa internacional, se hayan enfocado en tratar de difundir la noción de que en Ecuador no se respeta la libertad de expresión": 

El funcionario considera que los medios de comunicación no mencionan que ellos también pueden violar los derechos humanos. "Una comunicación racista, sexista, vulgar, discriminatoria, excluyente o incluso engañosa, también viola los derechos humanos", aseveró.

Además, agregó que no debe confundirse el atreverse a cuestionar públicamente el rol politizado y parcializado de ciertos medios de comunicación, con la censura o intervención en sus contenidos.

"En vez de ser medios de comunicación que aseguren la rendición de cuentas de los políticos, se volvieron medios de comunicación que se asumen como políticos. Hoy las figuras de oposición al Gobierno se escudan aludiendo que son periodistas, pero lideran las filas opositoras incluso más que muchos parlamentarios o dirigentes de partidos de oposición", enfatizó.

Insistió que el derecho a la libertad de expresión, de comunicación y de información es un derecho fundamental. "Por eso, como todo derecho, se debe ampliar y democratizar. Durante más de tres décadas, el control de los medios de comunicación se ejerció por parte de un reducido grupo de personas y empresas. En contraste, el nuevo escenario ecuatoriano establece un reparto mucho más equitativo de frecuencias de radio y televisión, para medios comunitarios, privados y públicos, a través de un concurso público", concluyó.

Por otro lado, en su intervención, se refirió también al derecho a la participación que está garantizado en la Constitución de Ecuador, la cual en su artículo 95 establece que “la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho” y en su artículo 98 reconoce el derecho a la protesta social.

Al respecto, el Canciller ecuatoriano indicó que durante el 2015 tuvo lugar un periodo de protestas a raíz del proyecto de la Ley de Herencias y Plusvalía "dichas protestas se dieron con absoluta libertad y los medios de comunicación privados reportaron ampliamente sobre las mismas".

Sin embargo, señaló que no todas las protestas recientes en el país fueron pacíficas. En algunos casos, ocurrieron graves atentados contra la integridad física y psicológica de miembros de las fuerzas de seguridad, con un saldo de más de 150 policías heridos, e incluso el secuestro de varios agentes.

"Creemos que este tipo de hechos no se pueden permitir. Los policías también tienen derechos humanos. Y ante los alegatos de algunas organizaciones, debemos ser categóricos en rechazar los argumentos que intentan confundir al Comité y a la comunidad internacional, presentando como manifestaciones pacíficas, protestas violentas y organizadas", sostuvo.

Sobre este tema puntualizó que tanto la Convención Americana como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, reconocen que el derecho de asociarse libremente, podrá estar sujeto a restricciones previstas por ley, que persigan un fin legítimo y que, en definitiva, resulten necesarias en una sociedad democrática y la seguridad pública. (I)

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