La mañana de ayer, Amparo Molina, de 40 años, llegó al Colegio Paulo Sexto con una expectativa distinta a la de otros votantes y un recuerdo latente.

Ella es familiar de una menor que fue víctima de violencia en un centro educativo y vio el contenido de la pregunta 4 como el inicio de una larga lista de tareas pendientes, entre las que está –según dice– la “elaboración de una política pública que evite este tipo de abusos”.

Muestra su papeleta de votación con solo un ítem respondido, antes de continuar. “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el Anexo 4?”, fue un planteamiento que surgió luego de que se supiera de varios casos, 41 de los cuales se agrupan bajo las siglas Aampetra (Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari), la escuela en que estudió una sobrina de Molina.

Ella recuerda que jugaban fútbol en una liga barrial del sur de Quito. Allí fue donde vio por primera vez los moretones de la niña; se sorprendió, pero no imaginó que el causante pudiera ser uno de sus profesores.

Fue una de las mujeres mayores de su familia a quien la niña relató los maltratos a los que fue sometida en 2010. “Cuando los padres de familia se enteran de estas situaciones, por empatía, hablan con familiares de otras víctimas”, dice, después de sufragar.

La Comisión Aampetra –cuya vocera es Molina– fue una de las primeras en recibir información sobre estas denuncias, al igual que la fundación Rescate Familiar y el colectivo Sentimos Diverso.

La propuesta de los afectados es que se conforme una red de prevención de estas formas de violencia, para lo cual planean reunirse con varios ministerios.

Molina cuenta que hay casos en que los delitos contra los menores se cometen en un entorno silencioso, que las autoridades de los centros educativos no saben cómo actuar y que los padres aún desconocen la forma de denunciar inmediatamente.

En el barrio Santa Rita, su hermana Mercedes, de 36 años, coincide en que la formulación de la pregunta es apenas un paso. Votó Sí y dice que cada vez más víctimas rompen el silencio.

“Algunas secuelas permanecen mientras los niños crecen; es difícil hacer públicos estos temas, pero la justicia es debe llegar para evitar que los casos sigan ocurriendo”.

Parte de la reparación que solicitan ambas mujeres es que las autoridades de Aampetra pidan disculpas públicas y que se actúe sobre casos similares. (I)