Este miércoles 7 de mayo, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional aprobó, con cinco votos a favor, el informe de fiscalización sobre el almacenamiento, transporte, envasado y comercialización de combustibles en Ecuador.

El documento, elaborado por la comisión, califica al tráfico de combustibles como un delito de “alta complejidad y gravedad”, el cual ha evolucionado hasta convertirse en una “amenaza directa a la soberanía energética, la estabilidad política, el Estado de derecho y la seguridad nacional”. La comisión enfatizó que esta actividad ilícita desvía recursos estratégicos del Estado, fortalece redes del crimen organizado, fomenta la corrupción institucional y debilita la gobernabilidad, particularmente en zonas estratégicas como la Amazonía y la frontera norte.

El informe recomienda reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Hidrocarburos, así como la actualización inmediata de la Estrategia Nacional de Lucha contra los Delitos Hidrocarburíferos 2021–2030. También sugiere realizar auditorías forenses, dar continuidad a los procesos administrativos en curso y remitir el documento a la Fiscalía General del Estado.

✅ La Comisión de #Seguridad finalizó con éxito el proceso de #fiscalización respecto al delito de tráfico de #combustibles en el #Ecuador

La presidenta de esta mesa legislativa @InesAlarconOK ratificó su compromiso con la transparencia y la verdad en el país. pic.twitter.com/t2QJExI5xG

— SeguridadAN (@SeguridadAN) May 7, 2025

Sobre el tema también se refirió la asambleísta por Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Jaramillo a través de su cuenta de X. 

El negocio sucio del tráfico ilegal de combustible debe parar de raíz.

La Comisión de @SeguridadAN, presidida por @InesAlarconOK ,aprobó el informe que vincula a empresas del alcalde Aquiles Álvarez, denuncias que llegaron al Frente Parlamentario, en ejercicio de nuestra labor… pic.twitter.com/5xnAJ1Lreb

— Lucia Jaramillo (@Lucia_Jaramillo) May 7, 2025

Caso 'Triple A'

Uno de los casos más relevantes vinculados a este delito es el denominado ‘Triple A’, en el que la Fiscalía investiga una presunta red de almacenamiento y comercialización ilegal de diésel subsidiado. En diciembre de 2024, se dictó instrucción fiscal contra cinco personas naturales y cinco empresas involucradas. Entre los procesados figura el actual alcalde de Guayaquil, Aquiles A., junto con otras diez personas.

El 22 de febrero, la Fiscalía realizó allanamientos en estaciones de combustible en El Pangui (Zamora Chinchipe). Posteriormente, el 9 de abril, el fiscal Leonardo Alarcón formuló cargos contra los implicados. A pesar de los intentos por aplazar la audiencia debido a la ausencia de abogados defensores, el juez Renán Andrade negó el pedido y sancionó a los abogados con una multa de dos salarios básicos unificados (USD 940), ordenando a la Defensoría Pública asumir la defensa del alcalde.

Adicionalmente, el juez dispuso el uso de grillete electrónico para Aquiles A., medida que fue rechazada por su defensa alegando condiciones médicas como hipertensión arterial sintomática y taquicardia paroxística, las cuales, según argumentaron, son incompatibles con el uso del dispositivo. Este sábado 10 de mayo concluye la instrucción fiscal por parte de Fiscalía que tras varias audiencias diferidas no formuló cargos anteriormente. 

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) May 7, 2025