El Consejo Nacional Electoral (CNE) terminó la revisión de firmas que presentó el colectivo Yasunidos con el objetivo de convocar a una consulta popular sobre la explotación del bloque ITT.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) encontró inconsistencias en las firmas, números de cédula e información errónea de los firmantes, además de problemas en los recolectores de rúbricas.

Hubo casos en los que se constató cédulas válidas, pero de menores de edad, así como datos de los firmantes incompletos, es decir o solo nombres o solo apellidos, además de cédulas ilegibles.

El CNE concluyó ayer con el proceso de revisión de los 107.088 formularios que entregó el colectivo al organismo electoral.

Diego Tello, coordinador de gestión estratégica del CNE, contó que como parte de la revisión de los módulos 1 (verificación de formatos), 2 (análisis del encabezado de formularios) y 3 (información de responsables de recolección de firmas) se rechazaron 9.271 formularios.

En estos primeros filtros de análisis, el principal fue la información de los datos de los recolectores de rúbricas. Solo en esta fase fueron rechazados 7.187 formularios, de ellos 4.956 no fueron aprobados porque no constaba la copia de la cédula de identidad del recolector.

El organismo electoral oficializará los resultados este miércoles. Ayer se emitió el informe técnico, que pasará a la Secretaría de la institución, que notifica al departamento jurídico y convoca al pleno. Esta última instancia deberá aprobar por mayoría los resultados.

Voceros de Yasunidos como Patricio Chávez esperan que el CNE publique las firmas rechazadas. “Yasunidos queremos comparar con el respaldo que tenemos de lo entregado”, escribió en Twitter. Este criterio fue compartido por Ivonne Yánez, también integrante del grupo, quien “espera que el CNE publique la lista de cientos de miles de firmas rechazadas”.

Extraoficialmente, este Diario conoció que los líderes del colectivo se reunieron para definir sus próximas acciones. La semana pasada Pedro Bermeo y Julio César Trujillo advirtieron con llevar el caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ayer, los integrantes del colectivo se negaron a dialogar con este Diario.

Las impugnaciones

Tello enfatizó que las organizaciones políticas podrían impugnar los resultados, una vez que se oficialicen en el pleno del organismo. Y esa acción podría hacer ante el propio CNE como al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Nathalia Cantos, coordinadora de asesoría jurídica, precisó que la organización puede impugnar de manera administrativa ante el CNE o jurisdiccional ante TCE sobre las resoluciones del organismo. “Estas acciones están contempladas en la ley”, afirmó.

Los reclamos administrativos constituyen una primera fase y luego vienen los recursos electorales, que son las apelaciones que pueden presentarse ante el TCE de las resoluciones finales del CNE.

El proceso de revisión de firmas se realizó con 31 grafotécnicos nacionales e internacionales de países como Puerto Rico, Perú yRepública Dominicana. Además estuvieron observadores de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), al igual que de la Defensoría del Pueblo y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

José Pardo, observador de Unasur, aseguró que el proceso se realizó en forma transparente y cumpliendo con los reglamentos que emitió el CNE en agosto pasado.

La semana pasado el presidente Rafael Correa indicó que no estaba dentro de sus planes convocar a una consulta sobre este tema por la politización de la discusión.