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Asamblea sigue analizando Fondo de Cesantía del Magisterio y vinculación al BIESS

La comisión analiza incluir a otros 60 Fondos de Cesantía. Foto: Cortesía de la Asamblea
La comisión analiza incluir a otros 60 Fondos de Cesantía. Foto: Cortesía de la Asamblea
25 de julio de 2014 - 12:57

La Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea se reunió este viernes para analizar el proyecto de ley que dispone que el Fondo de Cesantía del Magisterio pase a la administración del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Betty Carrillo, presidenta de la comisión, señaló que se busca ampliar la propuesta para que más de 60 fondos de cesantía pasen a ser administrados por el Banco del IESS, siempre y cuando hayan recibido un aporte del Estado.

Carrillo detalló que dentro de este fondo entrarían "los fondos provisionales cerrados, que hayan recibido financiamiento del Estado o que su patrono haya sido del sector público".

La legisladora precisó que si el magisterio no tiene ninguna de estas características "no entraría".

Se prevé que el informe para primer debate esté listo hasta la próxima semana. A pesar de que Carrillo, en una reunión con representantes del magisterio este jueves, indicó que el informe estaría listo la primera semana de agosto. Sin embargo, los plazos se adelantarían, pues el Legislativo entraría la primera quincena del próximo mes al período de vacancia.

Wilmer Santacruz, dirigente de la Red de Maestros, exigió que, de inmediato, se inicie una auditoría a los fondos de cesantía, argumentando que no han sido manejados de manera transparente.

Juan José Castelló administra el Fondo de Cesantía del Magisterio, desde hace 14 años. Según Santacruz, cuando los dirigentes le preguntaron el sueldo promedio de los directivos del fondo, no supo responder.

Castelló entregó a la Superintendencia de Bancos un informe, en donde detalló que el Fondo de Cesantía del Magisterio ascendió a $ 431 millones a junio del 2013.

Actualmente, el sistema tendría 160.000 aportantes, de los cuales el 90% son profesores fiscales y el 10% restantes se divide entre privados y universitarios.

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