La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificó el juicio político contra la vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Solanda Goyes.

El pedido de juicio político, fue sustanciado por el asambleísta por el movimiento Acción Democrática Nacional (ADN), Fernando Jaramillo, por un supuesto incumplimiento de funciones y boicot institucional para la aprobación del reglamento de selección de jueces.

La calificación de este juicio se calificó con seis votos a favor de los legisladores, Ferdinan Álvaresz, Nataly Morillo (presidente y vicepresidenta de la comisión), Fabiola Sanmartín y María Villacreses. El asambleísta por Pachakutik, Luis Nango también votó a favor de la propuesta.

Los legisladores del correísmo, Fricson George, Ana Herrera, Nanki Layro y Katherine Erazo, se abstuvieron de votar.

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¿En qué consiste el proceso para calificar un juicio político?

Según la Constitución, la Asamblea Nacional tiene la potestad para actuar como un tribunal y fiscalizar las acciones de los funcionarios públicos.

El proceso de un juicio político puede iniciar con una solicitud formal de un legislador, aprobada con no menos de la cuarta parte de los miembros de la Asamblea Nacional. Posteriormente es analizada por la Comisión de Fiscalización que evalúa si el proceso puede avanzar.

Si cuenta con los votos suficientes y es calificado por la comisión, el juicio político es remitido al Pleno de la Asamblea que deberá fijar fecha para debatirlo. Los implicados pueden presentar sus pruebas para sustentar su posición ante el Pleno. Para destituir a un funcionario, se requiere de una mayoría legislativa, equivalente a los dos tercios de la Asamblea Nacional.

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