La Fiscalía General del Estado reveló ayer que de los informes remitidos por la Contraloría sobre las declaraciones patrimoniales de legisladores, desde 2012 hasta la fecha, 4 casos fueron desestimados, 3 están en indagación previa, y uno logró una sentencia para un asesor por uso doloso de documento.        

En los casos que están en indagación previa constan Milton A. (PRE) con el proceso DA1-0015-2010; César G.(PSP) con el caso DAAC-0158-2015, y Tomás Z., del partido Socialista Frente Amplio (PSFA), cuyo proceso se inició el pasado 1 de junio.

En cuanto a sentencias solo  se registra una en contra del asesor Marco Efraín Mármol Rosero, quien laboró en el actual periodo legislativo y fue responsabilizado por la Fiscalía de ser autor del delito de uso doloso de documento falso, fallo ratificado por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

Estos datos se revelaron a una semana de que la Contraloría General del Estado recibiera el pedido de Gabriela Rivadeneira, presidenta de la AsambleaNacional, de investigar los patrimonios de los 137 legisladores.Y eso se originó por un presunto caso de cohecho en Esmeraldas, en el que estaría implicada la asambleísta de iniciales M.E.G. que formaba parte de Alianza PAIS.

Sobre los 137 asambleístas actuales, la Fiscalía no abre ninguna investigación ya que los equipos técnicos de la Contraloría investigan las declaraciones patrimoniales. Para ello tienen un plazo de 40 días.

A partir de informes remitidos por la Contraloría General del Estado, entre 2000 y 2015, la Fiscalía  inició 1.452 procesos. De estos, 604  fueron judicializados.         

El fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, refirió que en su administración dispuso la recuperación y registro de todos los casos que antes no estaban identificados. Con base en informes remitidos por la Contraloría y a las declaraciones patrimoniales, se logró que 604 casos fueran judicializados. De estos 226 están en instrucción fiscal; 208 terminaron en sentencia; 99 declararon sobreseimiento y 71 tienen auto de llamamiento a juicio.

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Entre las provincias con mayor cantidad de casos están: Guayas, con un 25%; Pichincha con 25%; Esmeraldas con 14%; Manabí con 6% y Chimborazo con 5%.

Durante una presentación, Chiriboga explicó que entre 2009 y 2011, el Fiscal General y los fiscales provinciales no sorteaban los casos ni designaban la investigación a un responsable.      

Ahora todos los informes son registrados y sorteados de manera aleatoria en un sistema informático. Antes los reportes eran enviados desde la Contraloría a los fiscales provinciales sin control y seguimiento del Fiscal General. Actualmente los documentos son monitoreados por Chiriboga.  

Jazmín Salas, experta en temas procesales de la Fiscalía, explicó que entre las herramientas informáticas está el reporte que permite hacer el seguimiento de los despachos de los fiscales, es decir la cantidad de impulsos que realizan al día según una planificación. Estos datos se podrán publicar mediante estadísticas manejando su reserva.

Sentencias de procesos penales

De los informes con indicios de responsabilidad penal derivados de la Contraloría General del Estado, la Fiscalía destaca 8 casos públicos que ocasionaron en total un perjuicio al Estado de $30’114.422,20 millones.  

Uno de ellos es el Caso ‘Cofiec’, inmerso en un delito de peculado por un monto de $ 800.000 a través de un crédito otorgado por el banco Cofiec sin las garantías necesarias en diciembre de 2011.

La justicia dictó 8 años de reclusión mayor a Pedro Delgado, Gastón Duzac, Antonio Buñay,  Francisco Endara,  Marcelo Ordóñez y Pedro Zapac.

Otro de los casos que ocasionó conmoción social fue el del Municipio de Riobamba, en donde su exalcalde, Juan Salazar y otras 26 personas fueron sentenciadas al estar involucradas en 31 transferencias que desviaron $ 13 millones a cuentas particulares en 2014.

En mayo pasado, la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo emitió otra sentencia por complicidad.

Asimismo, en el caso del exministro del Deporte, Raúl Carrión, tiene 2 sentencias condenatorias en su contra, una de 3 meses y otra de 4 años, esta última por el perjuicio de $114.880,20. Además tiene 7 procesos por peculado en la adquisición de implementos y en la construcción de instalaciones deportivas.

También se determinó la responsabilidad penal en el desvío de $ 4’831.750, por la concesión de 250 créditos presuntamente otorgados a agricultores en el proyecto ‘La Majadita’, con una sentencia de entre 4 y 8 años de reclusión mayor en contra de 10 personas.

En cuanto a casos pendientes de extradición, Chiriboga informó que se insiste en que la justicia de Estados Unidos entregue a los hermanos Isaías y a Pedro Delgado. (I)