Jueza decidirá si continúa o no el juicio político contra Tuárez

- 23 de julio de 2019 - 13:53
El presidente del CPCCS, José Tuárez, presentó la acción de protección en contra de la Asamblea y del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Foto: Mario Egas / El Telégrafo

En audiencia convocada para las 10:30 de este miércoles 24 de julio de 2019 en Ibarra, la jueza María de las Mercedes Cuastumal decidirá si continúa el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez.

El viernes 19 de julio de 2019 el sacerdote presentó una acción de protección en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Ibarra. Fue calificada a trámite y se fijó juez, día y hora para la diligencia.

Según el sacerdote, el juicio político en su contra se presentó con base en acciones previas a su ejercicio como funcionario del CPCCS, en donde se posesionó el pasado 13 de junio de 2019. Además argumenta en la denuncia que no puede ser fiscalizado por actos previos a su posesión como vocal del CPCCS.

De acuerdo a la normativa, la diligencia de este miércoles 24 de julio de 2019 comenzará con la intervención del sacerdote Tuárez para demostrar el daño y los fundamentos de la acción. Luego intervendrá el accionante, en este caso el presidente de la Asamblea César Litardo o su delegado.

Las intervenciones serán de hasta 20 minutos cada una y 10 minutos adicionales para la réplica. La magistrada dictará sentencia en la misma audiencia. Si la jueza acepta la acción de protección, la resolución es de inmediato cumplimiento. Si el demandado no cumple, se atiene a ser destituido.

El asambleísta independiente, Fabricio Villamar, uno de los interpelantes, cuestionó al presidente del CPCCS por tratar de frenar la fiscalización legislativa. Y advirtió a la jueza con acudir al Consejo de la Judicatura “si falla en contra de las atribuciones de la Asamblea Nacional”.

El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García, quien demandó penalmente a Tuárez por presunto desacato, calificó como improcedente la acción de protección presentada por el religioso. (I)

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