Los TBI son culpa de gobernantes sobornados por potencias foráneas

07 de octubre de 2013 - 00:00

¿Quién es? Nombre: Carlos Gaviria Díaz. Profesión: Abogado Nacionalidad: Colombiana. Fecha de nacimiento: 8 de mayo de 1937. Experiencia: Exjuez Promiscuo Municipal de Rionegro y magistrado. Foto: Andrés Darquea | El Telégrafo

El jurista colombiano Carlos Gaviria visitó Ecuador y, en diálogo con EL TELÉGRAFO, reflexionó sobre la situación regional y su orientación hacia una verdadera democracia.

¿Hay legitimidad en las decisiones que toma la Corte Constitucional (CC) en el control de los principios democráticos?

En el nuevo constitucionalismo latinoamericano tiene plena legitimidad porque las facultades de la CC se derivan de una Constitución que fue antes aprobada por asambleístas elegidos por voto popular. Es decir, sus potestades se derivan directamente del pueblo y tienen una facultad bastante amplia para cumplir su función: defender los derechos.

En Ecuador hay sectores, sobre todo de oposición al actual Gobierno, que cuestionan la legitimidad de los fallos de la CC en diversos ámbitos...

Eso ocurre en todas partes del mundo y no solamente con los fallos de la CC sino con todos los órganos que llamamos de cierre, es decir, aquellos que tienen la última palabra en su respectiva área y frente a cuyas decisiones no se puede interponer ningún recurso. Esos problemas se han dado en Colombia y en cualquier latitud que usted imagine. Muchas veces hay incomodidad cuando los fallos de última instancia afectan determinados intereses o personas sin que haya posibilidad de recurrir a ninguna otra instancia.

Esos mismos sectores acuden recurrentemente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos asegurando que los fallos no se apegan a derecho...

Por un lado celebro que haya la posibilidad de acudir ante la Corte Interamericana, es maravilloso que la globalización haya traído también una especie de internacionalización de la justicia, pero con respecto a la censura que se hacen a muchos fallos porque, supuestamente, desconocen el derecho por asuntos políticos, etc., es una queja que se da en todas partes. Fui magistrado de la Corte Constitucional colombiana por ocho años y escuché críticas de esa naturaleza a nuestros fallos y lo sigo escuchando sobre fallos que emite la Corte actual.

Es casi inevitable que siempre que hay inconformidad digan: “es que no están actuando en derecho”. No puedo decir a priori que todo fallo sea correcto, pero puedo decir que tiene la última palabra salvo el fallo de una Corte internacional como la Interamericana y que los fallos de esas cortes tampoco son infalibles.

¿Cuál es el rol de la CC en un Estado democrático?

Es fundamental. En el nuevo constitucionalismo latinoamericano se inauguró esa institución. En general, el control de constitucionalidad lo ejercía una corte distinta de la jurisdicción ordinaria, en Colombia por ejemplo, lo hacía la Corte Suprema de Justicia, pero crear una CC es un paso significativo porque tiene dos funciones esenciales: velar porque todas las demás normas de ordenamiento jurídico se ajusten a la Constitución, y en segundo lugar, tiene una responsabilidad extremadamente importante en un Estado constitucional y democrático como es la defensa de los derechos fundamentales.

Siendo usted un defensor del Estado constitucional, hace unos años afirmó: “En una democracia real sobran los ejércitos” ¿Aún sostiene esa tesis?

Pienso que en Estados en etapa de desarrollo, como los latinoamericanos, no deben existir ejércitos sino una Policía sumamente bien educada en el respeto de los derechos humanos para cumplir su función: mantener el orden. Al ejército se le confía la defensa de las fronteras y esa defensa queda mejor confiada al derecho, antes que a grupos armados.

Si una potencia mundial quiere invadir a Ecuador o Colombia, es evidente que no tendrán un ejército suficientemente poderoso para contrarrestar la invasión y, por tanto, Estados de esta naturaleza tendrán que hacer una afirmación de fe y convicción en el derecho: “no nos pueden invadir porque el derecho internacional considera ilegítimo que el territorio de un país sea invadido por otro”.

No es que sea enemigo de los soldados, sino que si vivo en un país muy peligroso y soy un ciudadano que no he hecho del uso de las armas mi profesión, estoy en un gran riesgo frente a quienes dentro de mi propio país andan armados.

Nuestros ejércitos, desde el punto de vista de la soberanía, cumplen una función más simbólica que real y creo que esa función la cumple mejor el derecho. Ese es el caso de Costa Rica que optó por acogerse al derecho y sustituyó el Ejército por una buena Policía que mantenga el orden y garantice la seguridad ciudadana.

En una región como la nuestra que fortalece a sus ejércitos para la lucha contra el narcotráfico y otros problemas, ¿es viable esa propuesta?

Hay que creer en el derecho. Es más real mi propuesta: es poco realista pensar que un grupo armado, de un país como el nuestro, sea capaz de repeler la invasión de una gran potencia. Nos exponemos a una gran carrera armamentística que induce a gastar dinero en armas cuando se necesita invertir en otros renglones. Brasil compra aviones más poderosos que los que nosotros (Colombia) tenemos. Entonces ¿vamos a comprar aviones más poderosos que los de Brasil? No tenemos si quiera con qué.

Pero también vemos a Estados que han sido perjudicados por el derecho internacional, los Tratados Bilaterales de Inversión son un ejemplo…

Pero eso no es culpa del derecho internacional sino de los gobernantes que no son suficientemente valerosos e inteligentes para defender los intereses de la nación que dirigen y se dejan presionar, sobornar por potencias extranjeras que tienen más interés en arrasar las riquezas de los países del tercer mundo.

¿Entes regionales como la Unasur podrían tomar la decisión de desistir de los ejércitos?

No se trata de algo posible, es algo altamente necesario. Los países europeos nos han dado ejemplo: hablan distintas lenguas, tienen costumbres y religiones distintas, y sin embargo han hecho un enorme esfuerzo para que Europa sea un solo Estado.

Eso deberíamos imitar nosotros y en Latinoamérica sería más fácil porque tenemos las mismas tradiciones, lengua y culturas, pero parecería que estamos empeñados en distanciarnos y convertirnos en pequeños feudos en lugar de buscar apoyo y solidaridad con Estados que tienen necesidades parecidas a las nuestras.

¿Qué factores impiden esa alianza latinoamericana? Hay esfuerzos como la Celac y la Unasur, pero paralelamente surgió la Alianza del Pacífico que ve en EE.UU. otra posibilidad de desarrollo...

No tenemos todavía esa cultura de integración y allí influye mucho la prevalencia de intereses sectoriales sobre los comunes. En un mundo globalizado como el nuestro, las élites que gobiernan nuestros países se sienten más próximas a las élites del primer mundo que a la gente más necesitada de sus propios países. ¿Por qué? Porque las ganancias de las transnacionales son las ganancias de las élites nacionales y, por ende, ese tipo de intereses pugna con la vocación que estos países deben tener para crear federaciones de Estados.

¿Qué busca Colombia con esas alianzas?

Ese es un claro ejemplo de lo que digo. Colombia es una nación hermana de Ecuador y Venezuela, y en 1819 fuimos una sola nación: la Gran Colombia. Tenemos una historia y costumbres parecidas, y nos hemos empeñado en separarnos. El actual presidente (Juan Manuel Santos) ha tratado de rectificar la política del anterior mandatario que consistió en sembrar la discordia con países vecinos porque tenían proyectos políticos distintos.

La convivencia internacional tiene que ser tan plural y respetuosa como la que se da dentro del propio Estado. Frente a todas esas alianzas a las que usted se refiere, que en lugar de existir una tendencia a la comunidad suramericana optamos por otros Estados, uno se pregunta si finalmente reportarán mucha más utilidad a las élites que gobiernan estos países que al pueblo gobernado por ellos.

Tras reiterar que existen élites que todavía gobiernan nuestros países, ¿cómo explica la afirmación que hizo hace algunos años: “No existe una democracia real sino una simulación”?

Esa afirmación sigue vigente y no hay que malinterpretarla diciendo que yo desprecio la democracia, sino al contrario, pienso que la democracia implica una sociedad de bienestar, tan solidaria e igualitaria como la que todavía no tenemos. Entonces, con lo que tenemos no podemos conformarnos y pensar que nuestros Estados ya alcanzaron la plenitud democrática.

El expresidente Álvaro Uribe decía que Colombia era una democracia profunda, pero cómo se puede afirmar eso cuando todavía hay amplios sectores de la población que viven en la miseria. Cómo se les puede hacer creer que esa situación es la obra de su propia decisión -porque en la democracia es el pueblo el que decide-, entonces a los pobres se le podría decir que ellos decidieron vivir en la miseria. Eso es un engaño.

¿La erradicación de la pobreza sería la mejor evidencia de un Estado democrático?

Más que la erradicación de la pobreza, que es un objetivo esencial, creo que se debe acabar con la distribución tan inequitativa de los bienes, un factor más irritante, porque si vivimos en un país pobre y todos compartimos la pobreza entonces la toleramos, pero cuando en un mismo país hay quienes aparecen en la lista de los grandes potentados frente a sectores que no tienen siquiera una covacha para guarecerse, ni acceso a salud y a educación para que el ciudadano sepa sobre qué está eligiendo -un derechos esencial en una democracia-, no podemos ufanarnos de tener sociedades democráticas sino solo pueblos con vocación democrática que están en trance de construirlas.Y la Constitución es un instrumento que puede ayudar a señalar el camino para esos derechos.

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