Jueces, políticos y empresarios, en los correos de Arroz Verde

- 06 de junio de 2019 - 00:00
Foto: Archivo / El Telégrafo

La exasesora y exvicepresidenta de la Corte Constitucional, Pamela M., tenía vínculos a todo nivel. El presidente Lenín Moreno exige una investigación total. El Contralor anunció dos auditorías para verificar las denuncias.

Laura T. llevaba una agenda exhaustiva de la vida de su jefa Pamela M. Lo hacía desde que fue asesora del expresidente Rafael Correa y luego en la Corte Constitucional, el máximo tribunal de justicia del país. Lo anotaba todo: sus citas con la costurera, sus viajes, sus pagos, sus compromisos...

El 3 de abril de 2013, Laura T. le informó en un correo las novedades a Pamela M. En el primer párrafo le cuenta que el empresario y supuesto aportante a la campaña de Alianza PAIS, Pedro Verduga, le quiere comentar “muchas cosas”.

En el segundo le alertó que Francisco Boloña le informaba que se conformó la sala de la Corte Constitucional con los entonces jueces Wendy Molina, Manuel Viteri y Patricio Pazmiño.

Más abajo comentó que Patricio Pazmiño “insiste en el cargo para el hermano en el Ministerio de Educación, a pesar de que cada vez que llama se le explica que usted consultará en despacho con SP (las siglas que se dieron a Señor Presidente, según la propia Pamela M.)”.

Hoy, Pazmiño es el representante ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él dejó la presidencia de la Corte Constitucional para ejercer este cargo hasta 2021.  

En un correo enviado a este diario, el magistrado continental dijo que conoce el caso Arroz Verde por sus repercusiones mediáticas.

“Por tratarse de un hecho público, conozco lo que se ha difundido en los medios respecto de la indagación que usted hace referencia; sin embargo, desde San José (Costa Rica) me es imposible conocer detalles del caso, mucho menos de la existencia del correo”.

“Lo que sí está bajo mi conocimiento y puedo confirmarle es que ninguno de mis hermanos o hermanas han trabajado en el Ministerio de Educación del país”, escribió.

Los correos de Laura T. son investigados por la Fiscalía porque aparecen políticos que, como coincidencia, también son parte del escándalo de corrupción de Odebrecht. Dos de ellos son: el exvicepresidente Jorge Glas, y el exministro Walter Solís, actualmente prófugo.

Desde 2011, sus nombres están resaltados junto a los de empresas que tenían contratos con el Ejecutivo. En esa época, Glas era el ministro de los Sectores Estratégicos, mientras que Walter Solís, era la mano derecha de María de los Ángeles D. en el Ministerio de Transporte.

María de los Ángeles D. no respondió a los pedidos de este diario para hablar. En tanto que Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glas, negó semanas atrás que su cliente tuviera relación con la receptación ilegal de esos aportes para las campañas.

En los emails de Arroz Verde se repite, además, el nombre del principal de Telconet, Tomislav Topic. Él también es señalado en el caso Odebrecht y es indagado por supuesto lavado.

Topic aparece en la supuesta lista de aportantes y en correos intercambiados con Pamela M. Los mensajes hablan del lanzamiento del libro de Jimmy Salazar, esposo de la exasesora y por la posesión del directorio del Colegio de Abogados. La relación entre los dos se sustenta en una amistad de Pamela M. con la exesposa de Topic.

Topic dijo en la Fiscalía que el vínculo fue su expareja y negó que haya entregado dinero para las campañas que llevaron a Correa y Alianza PAIS a la cúspide del poder. (I)

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El Presidente demanda una “indagación profunda”

Son dos casos distintos, pero aparentemente se usó el mismo sistema para captar dinero para la campaña de 2017. El presidente de la República, Lenín Moreno, demandó una “investigación profunda a las instancias pertinentes.

Una sola publicación de la prensa no es suficiente para establecer la verdad, pero la verdad debe brillar”. Él recalcó que si se utilizó ese sistema no lo conoció ni autorizó, pero pidió a las personas señaladas que ayuden a la justicia.

Uno de ellos fue el exprefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Él fue este miércoles 5 de junio a la Contraloría para demandar una auditoría al manejo de la campaña de 2017. Baroja negó que se haya usado dinero de instituciones públicas o aportes prohibidos por la ley.

Desde Guayaquil, el contralor (e) Pablo Celi dijo que ya se ejecutan dos auditorías para verificar las denuncias. La primera se refiere a los fondos de Alianza PAIS. Mientras que la segunda se focaliza en el Consejo Electoral, para determinar la eficiencia del control de recursos tanto de AP, como de las otras organizaciones.

Celi agregó que dichos exámenes se aplican a un período de 7 años, es decir de 2012 a la fecha. (I)

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