Los gastos más grandes del Consejo de Participación son para sueldos

- 15 de junio de 2019 - 00:00
La notaria 20 de Quito, Graciela López, llegó ayer a las instalaciones del Consejo para hacer un acta sobre las condiciones en que se encontraba el edificio.
Foto: Miguel Jiménez / El Telégrafo

La próxima semana el pleno del organismo se reunirá para definir de qué manera iniciarán su trabajo, especialmente sobre la selección de las autoridades pendientes y la revisión del presupuesto para su operación.

Desde el año 2009, en que empezó a trabajar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Ministerio de Finanzas ha transferido alrededor de $ 122 millones para que la entidad opere.

Este organismo nació en Montecristi, con la redacción de la Constitución de 2008. Su propósito fue convertirlo en el quinto poder del Estado, un organismo responsable de elegir a las máximas autoridades de control y de justicia del país, supuestamente lejos de las manos de los partidos políticos.  

La cifra anotada corresponde al presupuesto ejecutado por el Consejo. Es decir dinero que se ha gastado. Los principales desembolsos ocurrieron en los años 2012, 2013 y 2014 con presupuestos superiores a los $ 15 millones.    

En cambio, el Consejo Transitorio que empezó a trabajar luego de la consulta popular de 2018 recibió una partida de $ 9 millones. El mayor destino de estos recursos fue para gasto de personal, mantenimiento de instalaciones y bienes muebles e inmuebles del organismo.

En 2011 se cancelaron $ 14,1 millones para cubrir esos rubros. Los siguientes años los números disminuyeron; en 2015 se pagaron $ 10 millones; en 2016 y 2017 alrededor de los $ 9 millones.

El Consejo Transitorio bajó esta cifra a $ 8 millones. No obstante, el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que se encuentra en funciones, deberá afrontar un presupuesto menor a los de sus antecesores.

El Ministerio de Finanzas informó el 23 de marzo pasado que se realizó una disminución al presupuesto en casi $ 1,6 millones. Con ello, el total asignado sería de $ 7,9 millones; sin embargo, solo en salarios para los 397 servidores de la entidad se necesitan $ 8 millones.

Este no es el único inconveniente que deberán afrontar los nuevos consejeros del organismo. La nueva mayoría de la Asamblea está decidida a debatir una reforma para restarle la potestad de elegir a las autoridades de control y de justicia del Estado.

Este es el primer punto del acuerdo firmado entre Alianza PAIS, CREO, Integración Nacional y Acción Democrática, que hoy son la mayoría del Parlamento. El primer vicepresidente, Patricio Donoso, aseguró que esta reforma se discutirá.

El pasado jueves 13 de junio la Asamblea Nacional posesionó a los nuevos consejeros titulares: María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida, Victoria Desintonio, Rosa Chalá, José Carlos Tuárez, Walter Gómez y Christian Cruz.

El acto tuvo que esperar casi dos meses, desde que fueron elegidos en las urnas hasta que el Consejo Nacional Electoral terminó con el análisis de recursos para proclamar a los ganadores.

Su primera acción, luego de la entrega del nombramiento oficial en la legislatura el jueves 13 de junio, fue acudir hasta el edificio de la entidad para revisar las oficinas y realizar la primera reunión donde eligieron al presidente y vicepresidente.

En medio de una acalorada reunión, la mayoría, que se conformó con los consejeros Rosa Chalá, Walter Gómez, Victoria Desintonio y el sacerdote Carlos Tuárez, dio paso a la elección de Tuárez como presidente, y Chalá como vicepresidenta. Los otros integrantes: Cristian Cruz, María Fernanda Rivadeneira y Sofía Almeida mostraron su ruptura con esa mayoría.

Este viernes 14 de junio los consejeros decidieron llamar a un notario para que hiciera un acta sobre el estado en que recibieron las instalaciones del Consejo de Participación, ubicado en el centro norte de Quito.

Tuárez explicó que como Presidente del organismo propondrá al pleno que se convoque a los integrantes del Consejo Transitorio para que les informe el destino de la documentación con los archivos de los concursos que efectuaron, así como de toda la gestión en general.

El Presidente aseguró que no hallaron nada y que necesitan ubicar los papeles para iniciar el trabajo, ya que está pendiente la realización de los concursos para seleccionar al Defensor Público y Superintendente de Ordenamiento Territorial y requieren los informes para seguir.

Mientras que la vicepresidenta, Rosa Chalá, dijo que solicitaron información internamente para determinar el presupuesto con el que cuentan, pero hasta este viernes 14 de junio en la tarde no recibía esos datos, por lo que no sabe cuánto dinero hay en las cuentas de la entidad. (I)

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