Jenny Vázquez, fiscal de Misceláneos del cantón El Tambo, explica que antes los “coyoteros” llegaban de otras provincias, pero ahora son de las comunidades.

La funcionaria considera que eso “abre la puerta” para que haya más migración, pues “los indígenas creen en su gente tiene más confianza en un quechuahablante, que en alguien de afuera que le ofrezca salir”.

Por ejemplo, dos personas de la comunidad El Rosario están sentenciadas a 16 años de prisión por enviar ilegalmente a una niña, de 11 años, a Estados Unidos. La menor murió en México.

La otra razón es que les dan facilidades de pago y puede ser en cuotas.

Los delincuentes aprovechan que conocen las debilidades de las familias, cuáles son pobres y quiénes tienen parientes en el exterior. Esta realidad se convierte en una piedra de tropiezo para las investigaciones, pues los afectados no quieren delatarlos.

“Si un dirigente dice a la comunidad que de tal tema no se hablará con nadie, nadie habla”.

La fiscal Vázquez opina que esto ha aumentado el tráfico ilegal, pero una baja en las denuncias presentadas. “A grosso modo este año tenemos unos cuatro o cinco casos. No tengo el número exacto, pero hago la relación que hace cinco años había tres veces más”.

La funcionaria detalla que un hombre que viajó ilegalmente a Estados Unidos contó que al llegar a la frontera con México estuvo encerrado en una bodega tres semanas. No le daban de comer, ni de beber. “A veces les tiraban un poco de pan en el suelo y les daban agua. Ahí veía cómo violaban a mujeres”.

Otra de las cosas que ha cambiado es que los “coyotes” les dan a sus “clientes” tres oportunidades para llegar a Estados Unidos. En cada viaje nuevo les cobran un porcentaje del primer valor entregado. (I)