El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo fue uno de los temas citados durante la rendición de cuentas que el mandatario ecuatoriano abordó en el enlace #372, desde Machala.

Rafael Correa manifestó que este texto se viene discutiendo en la Asamblea porque "es una ley urgente e impostergable (...) para evitar excesos que han causado daños a ciertas ciudades", declaró.

Consideró que el mal desarrollo urbano es uno de los principales problemas del país "Esto no puede continuar. Lo mejor es planificar", aseveró.

El presidente explicó que la ley ofrecerá nuevos conceptos e instrumentos a los Municipios.

Para detallar ciertos puntos del documento, el Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Diego Aulestias, expuso las problemáticas de la falta de planificación urbana en diversas ciudades del país.

El funcionario especificó que el crecimiento urbano sin control ha sido uno de los puntos que no ha tenido reglas claras porque "se construye en cualquier lugar".

Estudios realizados constataron que existen alrededor de 720 mil hogares en asentamientos irregulares, sin servicios básicos y en condiciones de hacinamiento.

De este número, un porcentaje de viviendas se ubican en zonas de alto riesgo exponiéndose al peligro por las inundaciones o deslaves registrados en época invernal.

La especulación del suelo fue otro de los puntos analizados porque ha perjudicado a personas de escasos recursos.

El funcionario, durante su intervención en el enlace #372 realizado en la ciudad de Machala, comentó las pautas de interés que el documento propone:

Aplicar de mecanismos técnicos legales donde se estandarizarán conceptos y se otorgarán herramientas para la planificación en las ciudades.

- Institucionalizar y velar el cumplimiento de la planificación aprobada por los Municipios.

- Crear estándares urbanísticos respecta al espacio público, las infraestructuras y equipamientos.

- Regular y controlar la especulación para redistribuir las plusvalías hacia las zonas más desfavorecidas de las ciudades.

- Promover la coordinación y cooperación entre el sector público, privado y las entidades de economía popular y solidaria.

- Generar información pública sobre la planificación de las ciudades y catastros.