Trece años de cárcel pueden enfrentar autores de ataque

- 13 de octubre de 2019 - 00:00
Un grupo de manifestantes logró ingresar hasta la terraza del edificio de la Contraloría General, en Quito.
Miguel Jiménez / ET

Tres pisos de la Contraloría General del Estado presentan daños por el incendio y saqueo. Hubo atentados a medios de comunicación. El Gobierno decretó el toque de queda en la capital.

Los autores de la toma violenta, incendio, saqueo y destrucción del edificio de la Contraloría General del Estado, podrían enfrentar de 10 a 13 años de cárcel. Así lo establece el Art. 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual se refiere al delito de Terrorismo.

La Fiscalía General del Estado advirtió que actuará de manera implacable frente a los actos ocurridos.

Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó en su cuenta de Twitter que 30 personas fueron detenidas en relación con este hecho. En poder de esos individuos se encontró material explosivo, botellas con gasolina, piedras y otros objetos.

Son acusados de provocar fuego en el cuarto, quinto y sexto pisos del organismo de control, que se encarga de auditar a los funcionarios públicos y que ha establecido indicios de responsabilidad en contra de funcionarios del Gobierno anterior, incluido el expresidente Rafael Correa.

Alrededor de las 11:00, de entre las manifestaciones salió un primer grupo de unas 40 personas que ingresó a la Contraloría, pero fueron sacadas por los guardias de seguridad, la Policía y los militares.

Minutos después, otro grupo más nutrido ingresó con palos y comenzó la destrucción del mobiliario, cámaras, documentos y todo lo que se encontraba a su paso. Por más de una hora permanecieron en el interior, donde prendieron fuego y algunos llegaron hasta la terraza.

La Policía y miembros del Ejército recuperaron el control del sitio pasado el mediodía, cuando lograron la detención de los 30 encapuchados.

No obstante, el fuego seguía consumiendo los tres pisos. Los bomberos no podían intervenir porque los manifestantes impedían su ingreso, mientras que policías y militares que estaban en el edificio no podían hacer mayor cosa porque los atacantes habían cortado las mangueras y destruido los extintores.

Cerca de las 14:00 los bomberos ingresaron y controlaron el fuego. Dirigentes de la Conaie, que desde el lunes están apostados en los alrededores del edificio porque llegan al parque El Arbolito, señalaron que quienes ingresaron por la fuerza al edificio público no son de su grupo.

Por otra parte, grupos violentos atacaron el edificio del canal Teleamazonas, en el norte de Quito, pasadas las 15:00. A esa hora entró en vigencia un toque de queda decretado por el presidente de la República, Lenín Moreno, en todo el Distrito Metropolitano, con el fin de restablecer el orden alterado por los citados hechos vandálicos y por pequeños grupos que cerraron vías y agredieron propiedades y a personas en distintos puntos.

A las 17:15, el Comando Conjunto de las FF.AA. se dirigió al país para confirmar la medida en la capital y explicar que la restricción de movilidad se aumenta a las 24 horas del día (antes era de 20:00 a 05:00) alrededor de edificios estatales e infraestructura considerada estratégica a nivel nacional.

En el ataque al medio de comunicación resultaron afectados dos vehículos de transporte de personal, un camión transmisor (unidad móvil), además hubo daños en el edificio. Cuando los bomberos llegaron para extinguir las llamas, fueron atacados por manifestantes.

Según relató el periodista Milton Pérez, los empleados del canal se guarecieron en un cuarto de seguridad con que cuenta la edificación.

Se estableció custodia policial en ese y otros medios de comunicación, para evitar nuevos hechos violentos. El diario El Comercio también reportó ataques con pedradas a sus instalaciones. Anoche, cientos de quiteños participaron en un cacerolazo por la paz desde sus respectivas viviendas.

Entre tanto, el Gobierno de México anunció que aceptó recibir en su embajada, en Quito, a la asambleísta Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional e integrante del movimiento político del expresidente Rafael Correa.

Al respecto, el canciller ecuatoriano José Valencia aseguró que la funcionaria no es una perseguida política. (I)

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