La legisladora independiente Viviana Bonilla se jugó una última carta para frenar su vinculación en el caso Sobornos 2012-2016.
Ella pidió a la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, que solicitara el pronunciamiento de la Corte Constitucional para seguir el proceso penal en su contra.   

La respuesta fue negativa. Camacho recalcó que la Asamblea tomó esa decisión. Por eso Bonilla deberá acudir a la audiencia que se cumple desde la mañana de este miércoles 7 de agosto de 2019 en la sede de la Corte Nacional.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, anticipó que pedirá la vinculación de 22 personas. Entre ellas, la asambleísta y los máximos líderes de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa y Jorge G.

Para Salazar existen los argumentos para enjuiciarlos por supuestamente ser parte de un sistema ilegal que receptó dinero de empresas contratistas con el Estado para actos y las campañas electorales de Alianza PAIS.

Los mismos cargos se impusieron al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M.; a la exministra, María de los Ángeles D.; a la exasesora presidencial, Pamela M., y a su asistente, Laura T.

Esta investigación se desarrolla en el piso 18 de la sede del Ministerio Público. El trabajo diario está liderado por las fiscales Ruth Amoroso y Alejandra Zurita, quienes tienen el apoyo de más de una docena de funcionarios de la Fiscalía, policías judiciales, de Criminalística, entre otros expertos.