Ausencia de minorías, cultura y género en las propuestas municipales

- 24 de marzo de 2019 - 00:00

La campaña de los aspirantes a alcaldes se convirtió nuevamente en una feria de ofertas coyunturales vinculadasa empleo, economía, seguridad y corrupción, sin conexión con proyectos de ciudad a largo plazo. No hubo debates.

Para los comicios de este domingo 24 de marzo del 2019 se inscribieron como candidatos para alcaldes 1.872 aspirantes a escala nacional, lo que significa un incremento del 36% con respecto a los 1.195 que se presentaron en las elecciones de 2014.

Las provincias de la Costa registraron mayor cantidad de candidatos para las diferentes alcaldías. Por ejemplo, en Guayas 317 postulantes se presentaron para los 25 municipios que tiene, es decir un promedio de 12 candidatos por cada uno.

En la provincia de Manabí, 240 personas se postularon para 22 alcaldías, y en Los Ríos 122, para 13 municipios.

En ciudades como Quito, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el registro a 18 postulantes y en Guayaquil los votantes tendrán que escoger entre 17 aspirante.

Las cifras demuestran que a nivel nacional la explosión de candidatos se disparó (ver infografía).

¿Cuál es la consecuencia de este fenómeno? A pesar de que el Código de la Democracia exige que todos los candidatos presenten un plan de gobierno, que se publica en la página web del CNE, los postulantes se enfocaron en promover sus campañas con ofertas coyunturales.

Volvieron a las tácticas de atacar a las administraciones salientes y apelar a los tópicos de siempre: trabajo, economía, seguridad o fiscalización (del funcionario saliente por sospechas de corrupción). Por consiguiente, las propuestas dejaron de lado la discusión de proyectos de ciudad que se conecten con la situación existente y cómo engranar a los sectores sociales. La ausencia de debate fue el tópico en estos 45 días de proselitismo.

En Quito y Guayaquil, los candidatos que supuestamente lideraban las encuestas se negaron a debatir con los demás.

Uno de los argumentos fue que no querían darle protagonismo a los postulantes que estaban en la cola de los pronósticos. Esto provocó que la ciudadanía no tuviera oportunidad de que confrontaran sus ideas, de manera que se pudiera decidir cuál era el mejor plan de trabajo.

En el caso específico de las propuestas de los candidatos en Quito, se observaron aquellas vinculadas con la lucha contra la corrupción, el transporte, la movilidad, la innovación y la estructura autónoma del Distrito Metropolitano. Sin embargo, los derechos humanos de las mujeres y personas LGBTI, así como las referencias al tema de incentivo a la cultura, fueron los grandes ausentes de las propuestas y soluciones de las candidaturas.

Además, “poco se debatió con respecto a temas como mantener, evaluar o cambiar las políticas implementadas en el Patronato San José para la niñez, adolescencia, personas mayores, con discapacidad”, opinó la catedrática de la Universidad de las Américas (UDLA), Dayana León.

La profesora de Ciudadanía y Democracia recalcó que los postulantes no se refirieron a protocolos en casos de violencia sexual en el sistema de transporte público de Quito o la manera de respaldar iniciativas como el programa “Bájale al Acoso”.

A esto se sumó la falta de interés de la ciudadanía por informarse e indagar sobre las atribuciones constitucionales y legales que tienen los alcaldes y el Concejo Metropolitano.

Esto último revela la necesidad de fomentar una cultura ciudadana donde prime el voto informado, basado en propuestas objetivas, “pero se ha reducido nuevamente al sufragio por el candidato más simpático, lo cual es un retroceso”, afirmó León.

Poca difusión de los planes

Al finalizar la campaña electoral, muy poco se difundieron los planes de trabajo a escala nacional, debido a la dispersión política del país en virtud de la gran cantidad de candidaturas y de organizaciones en la contienda.

Cada uno de los candidatos entregó un plan de trabajo, “pero al observarlos, en especial en lo que respecta a la Alcaldía de Quito, se evidenció incoherencia”, manifestó Esteban Ron, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE).

La esquematización de un plan de trabajo debe cumplir con estándares aceptables, en lo referente a las preguntas básicas de: ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? Estas requieren de la consideración de elementos, donde intervienen materias de índole académica, como competencia de la institución a la que se postulan, planificación, población, lo que convierte el plan en un documento multidisciplinario de interés nacional.

En ese contexto, “del breve análisis realizado a los planes de trabajo, muchos de estos describen problemas, brindan soluciones mediatas o circunstanciales, pero no de carácter metodológico”, afirmó Ron.

Un ejemplo de lo citado es la movilidad de Quito. La solución que propusieron la mayoría de candidatos fue el “metro como eje vertebrador de las políticas de movilidad”. Pero al mismo tiempo no dijeron nada de soluciones para prevenir el acoso en el transporte público, como la posibilidad de cámaras de vigilancia o la intervención inmediata de seguridad.

Estos detalles son transversales a cualquier propuesta de trabajo, es decir que sean completos. Sumado a esto la falta de debate, “la ciudadanía en realidad no votará por el mejor, sino por el que más impactó con su propaganda”, concluyó Ron.

La banalización del discurso, proclive al escándalo, también se potenció en la temporada de campaña, especialmente a través de las redes sociales que, como siempre, se convirtieron en desfogue de campaña sucia.

Se requieren reformas
Los discursos de los candidatos siguieron el mismo guión “ambiguos y vagos, sin aterrizar en propuestas reales”, consideró Diego Zambrano, experto en materia electoral.

Por eso es necesario reformar el sistema de partidos políticos, para elevar requisitos de inscripción, exigir debates públicos y analizar la vigencia del fondo partidario que el CNE entrega a los movimientos políticos y no se sabe en qué los gastan.

En 2018, por concepto de Fondo Partidario el CNE asignó $ 5’470.241,49, que se repartieron entre 8 partidos políticos de ámbito nacional, de acuerdo a porcentajes en base a la votación de las últimas elecciones, como señala el Código de la Democracia.
No obstante, si no se adoptan medidas para democratizar las organizaciones políticas internamente, el remedio será peor que la enfermedad, “porque pasaremos de un sistema de dispersión incontrolable, a uno de concentración en las élites partidistas”, resaltó Zambrano. (I) 

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