Auditorías seguían un periplo en la era Pólit

- 15 de enero de 2018 - 00:00
La edificación de la hidroeléctrica San Francisco provocó la salida de Odebrecht. En 2007 empezaron a operar las turbinas, siete meses después la obra afrontó problemas.
Roberto Chávez / El Telégrafo

Mañana se reactivará el proceso penal contra el excontralor por el caso Odebrecht. Durante su gestión se aplicó un sistema para que un equipo de asesores y subcontralores dieran el último aval a las auditorías. La defensa del exfuncionario sostiene que la Fiscalía carece de sustento en su denuncia por presunta concusión.

Carlos Pólit firmó solo una  auditoría a Odebrecht. En total, fueron 33 expedientes de control realizados a las obras de la empresa brasileña con el Estado, pero en una está la rúbrica del exfuncionario indagado por supuestos sobornos para favorecer a la constructora.

Hernán Ulloa, abogado del exContralor, lo confirma. El resto de informes no tiene en los registros la firma de su cliente y recalca que quienes sí rubricaron las auditorías fueron los subcontralores que reemplazaban a Pólit.

¿Cómo operaba esta trama?

Las investigaciones de la Fiscalía, que constan en el respectivo expediente, señalan que durante los 10 años de gestión de Carlos Pólit en la Contraloría (2007-2017), se articuló un sistema para la revisión de los contratos, que de acuerdo con sus montos debían contar con el aval de la máxima autoridad del organismo estatal. Esa metodología está emparejada con la Ley Orgánica de la Contraloría, aprobada y reformada durante la era Pólit.

En la primera fase, un equipo de auditores indagaba y presentaba sus informes preliminares. Luego, ese reporte pasaba a revisión de un equipo de asesores de Pólit, que se convirtió en el último filtro antes de emitirse un informe de responsabilidades.

Yolanda Velasco, quien trabajó en la Contraloría por más de 30 años y la dejó en  2015, declaró a la Fiscalía cómo funcionaba este sistema. “Luego de cada resolución de la auditoría, en la cual se verificaban todos los elementos técnicos, el  expediente era puesto en consideración del Contralor General y sus asesores y después de  ser aprobado por todos ellos, era suscrito por los subcontralores de la época”.

Otros dos exfuncionarios de la Contraloría ratificaron a la Fiscalía que los asesores hicieron una revisión de las auditorías de las obras de Odebrecht. Uno de ellos fue Paúl Noboa, testigo en el juicio por asociación ilícita. Él declaró que los asesores le hicieron observaciones a su  reporte, pero fueron indicaciones solo de forma.

Ramiro Espinoza, quien trabajó en la auditoría de la central hidroeléctrica San Francisco, testificó que los informes “eran puestos en conocimiento en unos casos al Contralor y en otros a los asesores que el Contralor nombre para la revisión de estos documentos”.

La identidad de los asesores de Pólit se desconoce o se maneja con reserva, pero sí  se sabe que eran funcionarios de la propia Contraloría, expertos en diversas áreas de la contratación pública.

Su trabajo era clave dentro de la investigación y la determinación de responsabilidades por irregularidades en el sector público. Luego de su aval, cada expediente era transferido al Departamento de Predeterminación de Responsabilidades, instancia que, según la ley, tiene la potestad de determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal en contra de funcionarios públicos.

Hernán Ulloa sostiene que el trabajo y la conformación del equipo de asesores fue legal y no atentó contra ningún reglamento o norma.

Sin embargo, para la Fiscalía esta es una arista a investigar. De acuerdo con su acusación, el excontralor recibió más de $ 10 millones por eliminar las glosas contra Odebrecht por la central San Francisco y por los informes emitidos a los contratos de la hidroeléctrica Manduriacu, por la Refinería del Pacífico, por el acueducto La Esperanza; el trasvase Daule Vinces y por el poliducto Pascuales-Cuenca. Todas esas obras ahora son cuestionadas por la propia Contraloría que emitió informes por responsabilidades penales -presunto peculado- en esos contratos.

En manos de los subcontralores

La investigación contra el excontralor, Carlos Pólit, evidenció que, extrañamente,  nunca estuvo en su cargo cuando se emitieron informes de las obras de la constructora Odebrecht.

La firma de cada uno los reportes estuvieron a cargo de los subcontralores, quienes sí podían sustituir a Pólit en esas funciones. Así ocurrió, por ejemplo, con César Mejía, subcontralor del 16 al 27 de agosto de 2010. En esas fechas se desvanecieron glosas contra Odebrecht, que obligaban a pagar al Estado $ 70 millones por los daños en la central hidroeléctrica San Francisco.

El exfuncionario, en su versión sin juramento, dijo  que las resoluciones fueron “elaboradas en la Dirección de Responsabilidades, que era la unidad encargada de notificar las glosas y conocer los descargos presentados por los (servidores públicos y empresarios) glosados”.

Lo mismo sucedió con   otras personas que reemplazaron a Pólit, entre ellos Pablo Celi, quien también fue contralor encargado. En su testimonio -que consta en la Fiscalía- no precisó el tiempo que estuvo como subcontralor ni si firmó auditorías. Él estuvo en esas funciones desde 2014 hasta junio de 2017, cuando asumió la dirección de la entidad. Y emitió, por lo menos, una glosa con responsabilidades administrativas en el contrato de la  hidroeléctrica Manduriacu.

Las ausencias del excontralor fueron indagadas por la Asamblea en su juicio político. Ahí se evidenció que desde el 26 de diciembre de 2016 al 29 de junio del año pasado, Pólit registra tan solo 46 días de actividad en su despacho; mientras que 15   días estuvo en  comisión de servicios  en el exterior y 73  de vacaciones, que corresponden al 54% del período.

En este punto, Ulloa argumenta que las ausencias de Pólit tienen una explicación:  en los últimos cinco años fue parte de la Junta de Auditores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Entonces sus traslados al exterior eran constantes.

Para el procurador general del Estado, Diego García, aunque en la indagación de la Fiscalía no se hallaron indicios contra estos exfuncionarios o servidores, no se pueden descartar otras acusaciones que se originen en nuevos expedientes penales. 

El cazador fue cazado

El abogado Ulloa dice que la Fiscalía no tiene pruebas  contra su cliente y solo respalda su acusación en la declaración del exjefe de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos, quien dijo que pagó $ 10 millones a Pólit.

Una de las pruebas fundamentales de este caso fue la grabación que hizo Santos de una conversación con Pólit, donde se mencionan los pagos y la forma cómo supuestamente se entregaban los sobornos al exfuncionario.

Textualmente decía José Santos: “Me acuerdo que tú siempre me  indicabas yo quiero en efectivo, no quiero en cuenta, justo para no tener problemas”.

Carlos Pólit: “Nada de cuentas ni huevadas prefiero yo en mi vida, yo no tengo ni en efectivo no tengo nada…es lo peor, ¡la gente (...) corrió a abrir cuentas en Panamá”!.

José Santos: “Pero tú me habías dado una cuenta de  tu hijo ¿no?, o algo así”.

Carlos Pólit: “No, de mi hijo no era, es que mi hijo maneja muchas cuentas de los bancos de clientes”.

Esa grabación llevó a la Fiscalía a acusarlo de presunta concusión y emprender un proceso penal también contra su hijo John y contra los empresarios Mauricio N. y Estéfano I. Estos dos últimos representantes de Plastiquim y Cosani, que supuestamente ayudaron a triangular $ 700.000 de Odebrecht para el excontralor Pólit.

Ulloa recalca que la acusación por supuesta concusión perdió piso luego de las declaraciones del exdirector de Odebrecht, Luiz Marmeri, otro detenido por la red de sobornos de la empresa.

En su testimonio ante la justicia brasileña, Marmeri dijo que designó a Santos como director en Ecuador, en 2010 con la misión de resolver la controversia con el gobierno sobre la hidroeléctrica San Francisco y lograr el retorno de Odebrecht al país. 

Para cumplir la misión, Santos se contactó con intermediarios como Carlos Pareja Cordero, a quien supuestamente dio $ 6 millones para acceder al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, pero a pesar del pago no habló con el funcionario. Otro intermediario fue José Alvear, él lo contactó con Ricardo Rivera, tío del entonces ministro Jorge Glas.

Luego acordaron la entrega de millones de dólares para dar luz verde a Odebrecht. Esto para Ulloa prueba que no existe concusión, porque jurídicamente ese delito sanciona al funcionario que exige dinero, pero Santos fue el que puso la carnada para sobornar a funcionarios.

El caso por concusión se reactiva en la Corte Nacional

Mañana está previsto que se realice la audiencia preparatoria del juicio en contra del excontralor Carlos Pólit y otras tres personas. La diligencia se cumplirá desde las 09:00, en la Corte Nacional de Justicia.

La acusación de la Fiscalía se respalda en el testimonio anticipado de José Santos, quien dijo que sobornó al excontralor y le pagó más de $ 10 millones para que la empresa brasileña Odebrecht no fuera sancionada por la entidad que dirigía.

Además, en la indagación fiscal y con la ayuda de la justicia panameña se determinó que parte de ese dinero fue entregado a dos empresas ubicadas en ese país. Una de ellas es Plastiquim, de Mauricio N., quien aseveró que no supo que ese dinero fue de la constructora brasileña sino que era de un crédito que negoció con el hijo de Pólit, quien también es indagado.

La segunda compañía es la inmobiliara Cosani, de Estéfano I., quien también negó su participación en los hechos que investiga la Fiscalía.

Otro de los puntos clave en la acusación del Ministerio Público fue la ayuda penal de EE.UU., donde se entregaron los archivos secretos de Odebrecht, en el que se registraban las coimas y los beneficiarios. Según ese informe, existe una persona con el alias de ‘Miami’, que para la Fiscalía es el excontralor Pólit.

$ 70 millones de las glosas por la central San Francisco

La construcción de la central Hidroeléctrica San Francisco, en la provincia de Tungurahua, no solo provocó la salida de la constructora Odebrecht del país, sino que evidenció una historia de corrupción sin precedentes.

En 2007, las turbinas de la planta empezaron a funcionar, pero luego de siete meses de inaugurada la obra enfrentó en su infraestructura problemas graves: la central colapsó.

Entonces, la Contraloría hizo una auditoría del proceso contractual y estableció irregularidades en el proyecto.

Por ejemplo se detectaron falencias provocadas en el sistema de enfriamiento y en los filtros de agua, así como daños por la paralización de las obras en la central durante 131 días.

Por estas irregularidades, los auditores expidieron glosas por más de $ 70 millones, que debían ser cubiertas por la constructora.  Simultáneamente, el gobierno de Rafael Correa ordenó la expulsión de la empresa y la salida de todos sus ejecutivos, encabezados por Luiz Marmeri, hoy uno de los delatores de Odebrecht y quien reconoció el pago de coimas a funcionarios ecuatorianos.

Además dispuso la terminación unilateral de todos los contratos que tenía a esa fecha.

En ese entonces la firma brasileña construía el proyecto Carrizal-Chone. Esta obra daría agua de riego a más de 13.200 hectáreas de tierras en Manabí.

También estaba a cargo del aeropuerto Internacional de Tena; de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón y del Multipropósito Baba.

Dos años después, Odebrecht retornó al país. Lo hizo en julio de 2010, cuando llegó a un convenio con Hidropastaza para remediar los daños en la central San Francisco y pagar una  compensación al Estado por las pérdidas asumidas por la paralización de la central.

Las obras de reparación y la indemnización sumaron $ 60 millones, una cifra menor a las glosas señaladas por la Contraloría. Pero no solo que se acordó un monto inferior, sino que se le liberó de todos los expedientes en la Contraloría y se cerraron los procesos penales que se iniciaron en contra de sus exempleados en el país: la instrucción fiscal que dirigía la Fiscalía de Tungurahua por perjuicio al Estado.

En este caso, no solo estaban acusados los ejecutivos de la compañía brasileña sino también funcionarios de Hidropastaza, quienes habían hecho pagos supuestamente ilegales a la constructora. Sin embargo, todo quedó suspendido y la Fiscalía cerró el caso.

No obstante, el escándalo de corrupción de Odebrecht reavivó la polémica por los malos manejos de San Francisco.

Según el fiscal General del Estado, Carlos Baca, la eliminación de esas obligaciones de pago ocurrió luego de que el excontralor Carlos Pólit recibiera $ 6 millones por parte del exejecutivo de Odebrecht en Ecuador, José Conceição Santos.

La entrega del dinero se cumplió en la suite 52 de la Torre A del Swissotel, donde el exfuncionario vivía cuando estaba en Quito.

Hernán Ulloa, abogado de Pólit, aseveró que la eliminación de las glosas fueron respaldadas por un informe de la Procuraduría General, que daba luz verde a los acuerdos de indemnización entre la constructora brasileña y el Estado.

Incluso solicitó que el procurador Diego García también sea incluido en la investigación de la Fiscalía.

La respuesta de García recalcó que se solicitó su opinión para un proyecto de transición respecto a las controversias suscitadas en la construcción de San Francisco. “Esto no tiene nada que ver con que si Odebrecht salía o no de Ecuador, eso nunca estuvo en discusión en este acuerdo y tampoco con la suscripción de nuevos contratos”.

La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular contra el excontralor Pólit y su hijo, quienes son indagados bajo el delito de supuesta concusión.

En el caso de San Francisco, el eje  de investigación está en la eliminación de las glosas emitidas por la Contraloría contra Odebrecht, pero sobre todo con una de ellas, que para los fiscales no tiene ninguna explicación.

Se trata del informe de la  Contraloría que cuestionaba que el Estado, representado en Hidropastaza, pagara el diferencial cambiario que supuestamente perjudicaba a la empresa.

Esa glosa señalaba que Odebrecht exigió a Ecuador el pago de $ 32 millones que, presuntamente,  perdieron al recibir el pago en reales y no en dólares por parte del Banco de Desarrollo Brasil, el cual era el financista de la obra y el encargado de la cancelación de los montos directamente con la empresa constructora.

La Fiscalía recalcó que no existe sustento para haberse pagado los $ 32 millones, pero más que nada para que la Contraloría elimine la glosa y deje el caso en el limbo. Pero para la defensa de Pólit, la acusación no tiene sustento, porque no hubo la eliminación de los valores cuestionados. (I)

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