La Asamblea rechaza el terrorismo y la violencia

- 14 de octubre de 2019 - 00:00
El plenario del Legislativo en una de sus sesiones de debate, para analizar los articulados de los proyectos de ley presentados por los asambleístas.
Cortesía

Las bancadas dicen que los ataques en Quito fueron organizados y planificados. Acusan al correísmo y a su líder de estar detrás de los atentados.

Defienden la democracia y rechazan el intento de golpe de Estado que promovió el exgobierno. Eso dicen los legisladores de las bancadas.

Ellos sesionarán hoy en Santa Elena por dos temas: el primero es pronunciarse sobre los ataques y la violencia en Quito durante las paralizaciones de los indígenas.

El segundo es crear una comisión multipartidista para analizar las medidas tomadas por los ministerios de Gobierno y de Defensa en las manifestaciones.

Todos los asambleístas entrevistados por este diario coinciden en que detrás de esos actos de violencia están los correístas. También señalan que fueron organizados y planificados hace meses para desestabilizar al país y crear el caos.

Ana Belén Marín (AP), integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), demoró siete horas desde su natal Latacunga para llegar a Quito. Parte del trayecto fue a pie, otra en camioneta y en autos.

Para ella, la Asamblea debe velar por la democracia y no permitir las acciones terroristas y golpistas. “No hay cabida para las elecciones anticipadas o la muerte cruzada como piden los correístas”.

Ella dice que el intento de golpe de Estado fue orquestado y planificado con anterioridad. “Rechazo  esos ataques armados por odio, ambición política y  de poder”.

Pero también es crítica: es necesario aprender de los errores y cambiar las políticas públicas para dirigirlas a favor de los indígenas. “Ellos quieren ver acciones que los beneficien”.  

Otra colega de ella destaca  que el correísmo tiene infiltrados en la función pública y en el movimiento indígena.

“Es claro que su objetivo fue sembrar el caos social. Los que quemaron la Contraloría y atacaron la Asamblea no son indígenas, sino correístas”, recalcó Encarnación Duchi, de Pachakutik e integrante de la Bancada de Integración Nacional (BIN).

Duchi dijo que es necesario mantener la democracia, la paz social y la justicia. Hace un llamado al Ejecutivo para que escuche a los pueblos y nacionalidades. Lamentó que “el Presidente no ve lo que pasa en la calle”.

Guillermo Celi, presidente de la bancada de SUMA, coincide con sus colegas. “Todos los ataques prueban que  fueron planificados y detrás de ellos están los correístas. Ya son 10 días de paro, solo un vándalo y desestabilizador ataca a los ciudadanos honestos. Esto es parte de un plan desestabilizador local y transnacional”.

Celi expresó que respaldan el Estado de derecho y la democracia en Ecuador. “Es el momento de dialogar, llegar a acuerdos y generar la paz”. También hizo un llamado a una gran reconciliación nacional.

Para María Mercedes Cuesta, del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), el 12 de octubre no lo olvidarán los ecuatorianos.  Fue un intento de golpe de Estado y un atentado contra la democracia.  “Defendemos la democracia, en eso no hay partidos políticos. No vamos a dejar el país en manos del expresidente Correa. No permitiremos que regrese al poder”.

Cuesta manifestó que atacaron la Contraloría para destruir las evidencias sobre la corrupción en el Gobierno anterior. “¿Quién va a atacar a la prensa que mantiene informada al país lo que sucede y que ha destapado los casos de corrupción del correísmo?”.

Sobre el exilio a México de Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea y de la Revolución Ciudadana (RC),  se pregunta: ¿Por qué pidió refugio? Ella ha viajado varias veces a México y sus compañeros de la RC han ido y venido a Venezuela”.

Su explicación es que  todo fue planificado y orquestado para sembrar el terror en el país. Advirtió que se hizo una campaña de noticias falsas.

En tanto, la exalcaldesa del cantón Durán y militante de Revolución Ciudadana, Alexandra Arce, fue detenida con fines investigativos por el presunto delito de asociación ilícita. (I)   

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