En el seno de la Comisión Ocasional que tramita las enmiendas constitucionales, el jurista Rafael Oyarte Martínez indicó que la Asamblea Nacional está en la facultad de analizar y resolver los temas de los cambios a la Carta Magna, es decir, puede realizar cualquier modificación que dentro del marco del proyecto considere necesario: corregir errores o realizar añadidos, toda vez que la Corte Constitucional lo que hizo fue calificar la vía de la enmienda.

Al referirse a la reelección señaló que es un tema que existe en el derecho comparado, por ello hay cuestiones que deben ser analizadas.

El derecho constitucional no condena la reelección indefinida, como tampoco condena las condiciones que también existen en otras constituciones; lo que hay que tomar en cuenta son los factores de igualdad entre candidatos y la aplicación de las reglas con el mismo “rasero” a todos.

Bolívar Armijos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), expresó su acuerdo con la reelección, pues los ciudadanos tienen derecho a elegir las veces que sea necesario a sus representantes, si han cumplido un buen trabajo en beneficio de la patria.

Por su parte, Pabel Muñoz, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), consideró que es favorable la enmienda referida a las consultas populares.

Argumentó que el ordenamiento jurídico establecido en la Carta Política habla de que el Estado se encuentra estructurado por niveles de gobierno y tiene, además, un elemento fundamental en materia de descentralización. Por tanto, institucionalmente es adecuado que los gobiernos autónomos solo puedan convocar consultas en áreas de su competencia.

Pablo Rodríguez, director Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), expresó su coincidencia con esta enmienda ya que aclara el alcance de la norma constitucional sin modificar su contenido esencial.

También defendió la enmienda referente a la competencia exclusiva del Gobierno para construir y mantener la infraestructura física de salud y educación, porque el Estado maneja un modelo de descentralización con desconcentración, rompiendo el bicentralismo.

Sobre este punto Rodríguez calificó la enmienda constitucional como coherente porque persigue el objetivo fundamental de garantizar a los ciudadanos el acceso gratuito a la educación y a la salud, en términos de calidad y calidez. No hay riesgo para los municipios, ni para su autonomía, afirmó.